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El diputado Pedro César Carrizales Becerra propuso que las personas privadas de la libertad (PPL) que cumplan su pena en prisión -salvo algunas excepciones-, puedan solicitar la cancelación de los antecedentes penales, así como prohibir la expedición de actas al respecto.
Agregó que del amplio catálogo de delitos contenidos en el Libro Primero del Código Penal del Estado, los de mayor incidencia son aquellos relacionados con afectaciones al patrimonio de la población.
Expone que aunque se registran variaciones año con año, en promedio el 60 por ciento de las denuncias que reciben los Agentes del Ministerio Público de la fiscalía general del estado (FGE), son por el delito de robo y alrededor del 80% de las personas que los cometen son jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 a 25 años.
Justificó que las causas que motivan a las juventudes a delinquir son muchas y variadas, tales como hogares desintegrados o disfuncionales; abusos o malos tratos en la infancia, así como la necesidad de pertenencia que los lleva con "malas compañías”.
"No obstante, el común denominador radica en el consumo de drogas. En efecto, las adicciones son el motor de la delincuencia", advierte.
Reportó que en el interior de los centros de reinserción social, existen carpinterías, herrerías y hasta pequeñas granjas para la cría de especies menores como aves, cerdos y cabras. Aunado a que el certificado de primaria o secundaria y el dominio sobre un oficio, permiten a las PPL obtener bases para realizar actividades productivas al cumplir la penalidad.
Sin embargo, enfatizó que al salir de prisión, las PPL "se topan" con dificultades en los centros de trabajo, pues les solicitan sin excepción, la carta de no antecedentes penales.
