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A partir de que tras el inicio de la “Nueva Normalidad”, la consiguiente reactivación de actividades y el aumento de la movilidad ciudadana, los resultados de la incidencia de casos positivos y muertes se ha incrementado dramáticamente.
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El dato de que con un solo incremento de 12 puntos porcentuales en la movilidad de los potosinos corrió a la par de un alza de más de 400 por ciento en las muertes y de 300 en los contagios es escalofriante.
Y conforme avanzan los días, se espera que aumente todavía más el número de personas en las calles. El impacto de la relación entre la movilidad y la incidencia de casos y muertes de la enfermedad será demoledor.
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Es en este escenario en el que se da un viraje en el discurso de las autoridades federales y de algunos estados.
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Con diversos matices, ahora el discurso se enfoca en la responsabilidad personal en el cuidado de la salud.
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En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, envalentonado por los alentadores resultados iniciales de contención, se los atribuyó a sus estrategias. El repunte de casos, que ahora azota esa entidad demostró que en realidad, fueron poco efectivas.
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Y ahora, el mandatario estatal apela a la “responsabilidad individual” de los ciudadanos para evitar más contagios.
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A nivel nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, más veladamente, señala que, en la contención de la pandemia, la responsabilidad de los ciudadanos tendrá tanto valor como el de las estrategias oficiales. “No son desde luego, menores de edad”, dijo refiriéndose a la ciudadanía “no tiene sentido tratarlos como si lo fueran”. Que se cuiden solos, sería un buen remate a esa frase.
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Y a nivel local, se resaltó la responsabilidad social para evitar la propagación del virus. Ha sido una parte constante del discurso, pero que se resalte ahora, en coincidencia con otras instancias, llama la atención.
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En el asunto del doble semáforo para la entidad, el naranja del gobierno federal y el rojo del estatal, queda claro que la administración local se topó con hechos consumados en el tema de la nueva metodología para el semáforo federal.
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Que el mecanismo sea evaluado por las autoridades sanitarias locales cuando ya está vigente deja en claro que no hubo mucha coordinación en su diseño.
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Por cierto, el cumplimiento de los tres meses de la pandemia fue tomado como pretexto para presumir el trabajo de la Secretaría de Salud.
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Con todo el riesgo que se observa en el corto plazo, el triunfalismo queda fuera de lugar.
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El Poder Judicial del Estado anunció que regresará a sus labores el próximo 16 de junio. Regresará en pleno semáforo rojo, en donde nominalmente, las actividades gubernamentales, salvo las esenciales, están prohibidas.
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Quizá la actividad judicial no sea esencial para toda la sociedad en esta pandemia, pero a los abogados sí les urge el reinicio de actividades.
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Esa urgencia se ha reflejado en las varias protestas realizadas durante esta pandemia por los gremios de abogados.
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El trabajo atrasado debe ser basto, pero ojalá las autoridades judiciales ponderen adecuadamente la gravedad del riesgo generado por la pandemia.
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Que la urgencia no le gane a lo de verás relevante: la salud de trabajadores y usuarios del Poder Legislativo.
