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Autoridades sanitarias de todos los niveles lo han dicho: la gran peligrosidad de la pandemia de coronavirus se debe, en buena parte, a la enorme velocidad con que se propaga.
Y estos últimos días en San Luis Potosí han sido prueba de ello. La enfermedad ha acortado de manera dramática la velocidad con la que logra sumar cien contagios.
En la primer fase de la pandemia, el virus tardó poco más de mes y medio en infectar a su primer centenar de enfermos.
Ahora, en menos de tres semanas, ya ha sumado cinco veces esa cantidad. Y sigue acumulando muertes a un ritmo constante.
El escenario de máximo contagio se está cumpliendo en vísperas de la reapertura de una buena parte del sector productivo y en un nuevo momento en el que un número considerable de ciudadanos está relajando de nuevo las medidas de sana distancia y se lanza a la calle.
La desesperación por la falta de ingresos de una parte importante de la población se palpa en el ambiente. Y, no hay que negarlo, la irresponsabilidad de otro sector que busca escapar del encierro, pondrá hoy a prueba a la capital en el tianguis de las Vías.
Los locatarios están decididos a abrir sus puestos como sea, y las autoridades ya negaron cualquier autorización. El riesgo de roces no debe descartarse.
Pero ese es sólo uno de los retos que el estado debe enfrentar en los próximos días.
La reactivación de las actividades industriales, mineras y de construcción será el desafío mayor.
La noticia de que un conglomerado empresarial optó por irse a concurso mercantil para enfrentar el pago de deudas ante la caída en insolvencia podría tocar a varias dependencias públicas que tienen como proveedores de bienes o servicios a algunas subsidiarias.
El asunto pone en el reflector el método por el cual seleccionan a las compañías para entregarles contratos.
El que se va a sacar la rifa del tigre será el nuevo integrante de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). La convocatoria ya apareció publicada en el Periódico Oficial del Estado y el Congreso ya puso en marcha el proceso.
Y es que resulta que la mudanza a la nueva sede de la comisión, el piso de un edificio corporativo en Las Lomas, se está complicando. También arrendó una finca en una zona residencial tradicional como sede de sus archivos, pero no ha podido realizar la mudanza.
El proceso ya se había complicado por la pandemia y le está saliendo caro. La Comisión está pagando la renta de tres inmuebles, sin poder usar dos de ellos.
Empleados que han estado en la nueva sede se preguntan si no laborarán hacinados y con sólo dos baños para más de medio centenar de empleados.
Por otra parte, algunos servicios esenciales, como la conexión a internet, también está presentando problemas.
Y ese es el escenario que encontrará el nuevo comisionado de transparencia.
¡HASTA MAÑANA!
