SLP, sin ley específica en reinserción social

San Luis Potosí se encuentra entre los 22 estados del país que aún carecen de una ley específica en materia de reinserción social, un vacío legislativo que, según el diputado de Morena Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, representa un reto importante para garantizar el funcionamiento adecuado de los centros penitenciarios y la protección de su personal.

El legislador explicó que actualmente no existe un marco jurídico que respalde la labor de las custodias en los penales, lo que limita la capacidad del sistema para atender de manera integral a las personas privadas de libertad y para promover su reinserción efectiva en la sociedad. Por ello, desde la comisión que encabeza se prevé la elaboración de una ley que contemple la perspectiva de género y mecanismos de protección tanto para internos como para el personal penitenciario.

Señaló que este esfuerzo se enmarca en un segundo año legislativo en el que la comisión buscará integrar al Congreso.

 en la formulación de políticas públicas más sólidas, además de fortalecer la coordinación entre gobiernos estatal, federal y municipales para atender los problemas de seguridad en la entidad.

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A pesar de los avances en la Estrategia Nacional de Seguridad, que han permitido una disminución en homicidios dolosos, feminicidios y otros delitos de alto impacto, el diputado reconoció que aún existen áreas de oportunidad, sobre todo en la colaboración con los ayuntamientos y sus policías municipales, que son los principales responsables de la seguridad local.

El plan de trabajo de la comisión también incluye un seguimiento más detallado de los resultados presentados por las autoridades en seguridad y la evaluación de estrategias para reducir la incidencia delictiva. En este contexto, la ley de reinserción social se perfila como un eje central para garantizar que las políticas de seguridad no sólo sean reactivas, sino también preventivas y sostenibles.

Con esta iniciativa, el Congreso de San Luis Potosí busca cerrar un vacío legislativo histórico y dotar al sistema penitenciario de herramientas legales que fortalezcan la reinserción de los internos, protejan a los custodios y contribuyan a la disminución de la violencia en la entidad.