Desbarajuste en la Contraloría

El episodio de esta semana del culebrón "Gallardo contra Galindo" arrancó el lunes por la mañana con un colérico gobernador acusando al gobierno del alcalde capitalino de establecer un millonario sobrecosto en el puente del bulevar Jacobo Payán, el antiguo Río Españita. 

Gallardo Cardona se basó en un mensaje de WhatsApp que le envió el titular de la Contraloría General del Estado, Sergio Aguiñaga Muñiz, y que mostró a los reporteros que le realizaban una entrevista banquetera, en el que el funcionario le informaba que la inversión municipal en el puente ascendía a 273 millones de pesos.

El gobernador no ofreció ninguna otra cifra, incluyendo algún monto inferior a la cantidad citada, cuya comparación pudiera "amarrar" su afirmación de que el ayuntamiento había pagado un contrato por una inversión superior.   

En cambio, de la nada, asumió que había una irregularidad porque una de las obras que construye su administración, el puente de la glorieta de la salida a Guadalajara, presentaba un costo semejante, 280 millones de pesos, cuando este puente era de dimensiones superiores al municipal.

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El gobernador remató insinuando que las "raterías" estaban en la alcaldía.

Esa misma tarde, el alcalde Enrique Galindo Ceballos respondió con un video en el que rebatió que no había sobrecostos. Para comprobarlo, el mandatario municipal sí mostró un documento, la carátula del acta de fallo de la licitación LO-EST-245800030-49-2026, en la que se apreciaba que el monto del contrato asignado el 10 de agosto pasado fue de 244.9 millones de pesos, es decir 35.1 millones de pesos menos que la cantidad expuesta por el mandatario estatal.

Pero además del desmentido, el mensaje asestaba un puyazo más agresivo. Galindo Ceballos presumió que su obra aparecía en la "plataforma de la Contraloría General del Estado", en referencia al Sistema Electrónico Estatal de Información Pública Gubernamental (SEEIPG), un mecanismo que, en teoría, debe hacer públicos los expedientes de obra vigentes, en seguimiento y concluidos de las instancias que realizan obra pública del gobierno estatal y de los ayuntamientos.

El alcalde contrastó lo anterior con el hecho de que la información del puente estatal de la salida a Guadalajara no aparecía en la herramienta. El alcalde aprovechaba uno de los defectos más marcados del gobierno gallardista: la opacidad.

Y tenía razón. Al llevar su pugna política con el alcalde al terreno de las obras, el gobernador puso, seguramente sin pensar en las consecuencias, a su administración en un terreno donde es completamente vulnerable.

El SEEIPG debería llevar el registro del total de los procesos de contratación de obra pública, por cualquiera de sus tres variantes: licitación, invitación restringida y adjudicación directa. El sistema es el equivalente local al Compranet federal y fue creado apenas en 2019.

Tiene dos secciones, una de procesos vigentes, es decir, los procesos que aún no llegan al fallo que determina a qué empresa se le da el contrato, y el de procedimientos en seguimiento y cerrados, las obras que ya pasaron esa etapa, pero siguen en marcha o los que ya fueron concluidos.

Cada elemento debiera contener documentos de cada fase del proceso de contratación: un proyecto de convocatoria, su versión oficial, las actas de visita al sitio de la obra, la junta de aclaraciones, la presentación y apertura de posturas, el fallo, los datos relevantes del contrato y la declaratoria, si la hubo, de la cancelación o de un proceso desierto.

En su sección de procesos abiertos, el SEEIPG mostraba hasta ayer sábado 143 expedientes. En el apartado de procesos concluidos, registraba cinco mil 862 casos. En ambas situaciones, se trata de carpetas de instancias estatales, ayuntamientos y dependencias autónomas de ambos niveles.

La lógica del sistema es que, una vez que una obra llega a la fase de contratación, pasa de la sección de procesos vigentes a la de concluidos o en seguimiento.

Y aquí es donde la alusión de Galindo Ceballos a la inexistencia del expediente del puente estatal de la salida a Guadalajara para contrastar las situaciones de ambos gobiernos cobra relevancia 

Por parte de la alcaldía capitalina, de los cinco mil 862 procesos cerrados, le corresponden 513, de los cuales 99 se tramitaron este año.

Mientras que en la sección de procesos vigentes, de los 143 que aparecen en el SEEIPG, el ayuntamiento capitalino participa en 19, de los cuales, 13 corresponden a 2026.

Como la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública es la dependencia estatal más activa en esta materia, se analizará como referencia del gobierno gallardista.

La Seduvop presenta 39 expedientes vigentes, con cinco abiertos este año. Y sólo aparecen 28 en el apartado de procesos concluidos. Lo grave es que el último de ellos data del 21 de marzo de 2024. 

La Contraloría General del Estado permite un atraso de poco más de dos años y siete meses en las contrataciones de la Seduvop.

El último expediente de obra de la Seduvop que aparece registrada es el de la ampliación del bulevar Río Santiago hacia Palma de la Cruz, el proyecto de mil millones de pesos que pasa a un lado del rancho charro del mandatario estatal.     

Luego, la opacidad total. Quien quiera saber qué obras ha realizado la Seduvop recientemente, cuánto costaron y a quién se los pagó la dependencia, se topa con pared. No es una sorpresa. Con Leticia Vargas Tinajero, su primera titular, la Seduvop se tornó un hoyo negro de discrecionalidad y opacidad. Su sucesor, Jorge Grimaldo Limón, no ha cambiado un ápice esta irregular situación.

Y la Contraloría es su cómplice. No sólo en la omisión de obligar a la Seduvop a mantener al día los registros, sino también por propiciar un desastre en el manejo de los pocos datos que presenta el SEEIPG al respecto.

Casi ninguna de las escasas obras de la Seduvop presenta datos ya no digamos del contrato, sino de los fallos, pues se queda en el acta de la apertura de proposiciones. Es decir, informa qué empresas participaron en los procesos y cuánto propusieron cobrar, pero omite decir cuál de ellas ganó el proceso y por cuánto dinero.   

Para evidenciar el alcance del descontrol que mantiene la CGE sobre el SEEIPG se buscaron en la base de datos algunos de los proyectos estatales más relevantes. 

Los hallazgos resultaron muy interesantes.

Por ejemplo, la construcción del camino entre Villa de Zaragoza y la comunidad de Santo Domingo, cuyo proyecto que inició en octubre del año pasado y que requirió una inversión de 204.7 millones de pesos.

Este proyecto no aparece en ninguno de los dos listados de la Contraloría.

Igual sucede con el paso a desnivel del bulevar Rocha Cordero y la avenida Las Torres. No es considerado en la lista de proyectos vigentes ni en la de concluidos.

En el caso de la continuación de la Vía Alterna, entre los ejes 122 y 140 de la Zona Industrial, proyecto que sigue en construcción, aparece dos veces en el listado de proyectos vigentes, primero con un proyecto de convocatoria y ya la convocatoria formal. Como avance más reciente, presenta el acta de la junta de aclaraciones, celebrada en julio de este año. No presenta ni el fallo ni el contrato.

Esto sólo es una muestra de las deficiencias que presenta el SEEIPG con respecto a las obras del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

El llamado que hizo éste al alcalde Enrique Galindo para que transparente el proyecto del puente Payán es positivo. Pero debe ser parejo y atender el desbarajuste que tiene la FGE con sus obras.

Al responder al video aclaratorio del presidente municipal, Gallardo Cardona afirmó que "deberían mejor estar diciendo cuánto va a costar las de ellos (la alcaldía), porque el problema es en la de ellos, no es en la de nosotros".

Pero no tuvo razón. El problema también es suyo.