El poder también tiene límites

Antier participé en el XV Congreso Nacional de Investigación del IPICYT, en una mesa dedicada a los límites planetarios y a la relación entre ciencia, políticas públicas, participación social y acción colectiva. El encuentro dejó una certeza incómoda: mientras la ciencia advierte que los sistemas que sostienen la vida están bajo una presión crítica, buena parte de la política actúa como si la naturaleza pudiera esperar.

Hablar de límites planetarios significa aceptar que la Tierra tiene fronteras físicas y ecológicas que ningún decreto, negocio o discurso gubernamental puede modificar. El agua se agota, el aire enferma, los ecosistemas colapsan y la temperatura aumenta aunque una autoridad se niegue a reconocerlo. La naturaleza no negocia con las encuestas ni suspende sus consecuencias durante los periodos electorales.

Por eso debemos incorporar una idea más amplia y urgente: el derecho humano a un planeta sano. No es una consigna romántica, sino la condición para ejercer los demás derechos. Sin agua suficiente, aire limpio, estabilidad climática, biodiversidad y territorios habitables, la salud, la igualdad, la alimentación e incluso la vida quedan reducidas a promesas escritas sobre un mundo incapaz de cumplirlas.

Durante décadas se nos enseñó a pensar la crisis ambiental en tiempo futuro. Se decía que nuestros hijos sufrirían las consecuencias, que algún día escasearía el agua o que las próximas generaciones enfrentarían temperaturas extremas. Ese futuro ya llegó. Está en las olas de calor, las sequías, las inundaciones, la contaminación, los incendios y la desaparición cotidiana de árboles y áreas verdes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La defensa ambiental necesita, por tanto, un profundo sentido del ahora. No protegemos el planeta solamente para quienes nacerán mañana; lo hacemos por quienes hoy respiran aire contaminado, viven sin agua, padecen temperaturas insoportables o ven desaparecer el territorio que sostiene a su comunidad. Posponer la acción equivale a aceptar daños irreversibles.

El conocimiento científico es indispensable, pero por sí solo no transforma la realidad. Necesita una sociedad que lo convierta en conciencia, exigencia pública y consecuencias jurídicas. La sociedad civil observa lo que el poder prefiere ignorar, pregunta lo que las autoridades no quieren responder, documenta los daños y, cuando resulta necesario, acude ante los tribunales.

Desde Cambio de Ruta lo hemos comprobado durante diez años. Muchos conflictos ambientales no persisten por falta de leyes, sino por falta de cumplimiento, transparencia y participación efectiva. En el parque Tangamanga, la avenida Himno Nacional y el río Santiago, la ciudadanía ha tenido que preguntar quién decidió, con qué estudios, bajo qué autorización y por qué el interés público debía ceder ante la opacidad.

No existe verdadera gobernanza ambiental cuando primero se decide y después se informa. Participar no significa acudir a una reunión, contestar una encuesta o firmar una lista. Significa recibir información previa y comprensible, plantear alternativas y contar con posibilidades reales de modificar una decisión. Cuando la autoridad escucha, pero no responde; consulta, pero no considera; o informa cuando todo está consumado, la participación se convierte en escenografía democrática.

El Acuerdo de Escazú ofrece una ruta concreta: información ambiental oportuna, participación pública desde las etapas iniciales, acceso efectivo a la justicia y protección para quienes defienden el territorio. México asumió esas obligaciones, pero todavía falta llevarlas del discurso internacional al municipio, al cabildo, a la oficina que concede una autorización y a la comunidad afectada.

Aquí aparece una contradicción reveladora. En los auditorios hablamos de ciencia, sustentabilidad, gobernanza y límites planetarios; fuera de ellos, las autoridades administran el territorio como si les perteneciera. Se anuncian obras, se intervienen parques, se derriban árboles y se compromete el agua sin deliberación pública suficiente. Celebramos la participación ciudadana en los congresos, pero la combatimos cuando pretende influir en una decisión real.

También el poder tiene límites. Los marcan la Constitución, los derechos humanos, la ciencia, la legalidad y una ciudadanía que ya no acepta ser invitada de piedra. El territorio no pertenece temporalmente a quien gobierna: constituye un patrimonio común y cada decisión sobre él compromete nuestra vida presente y la de quienes vendrán.

La pregunta ya no es si la sociedad debe participar, sino si nuestras instituciones están dispuestas a compartir el poder de decidir. Porque solamente habrá democracia ambiental cuando dejemos de ser espectadores del deterioro y nos convirtamos en protagonistas de la transformación.

Delírium trémens.— A nuestros gobiernos les fascina hablar del futuro del planeta para no responder por la destrucción que autorizan en el presente. ¿Verdad, gobernador? Espero con enorme interés su quinto Informe: veremos si en materia ambiental nos habla del San Luis de sus discursos o del que realmente está dejando de la mano del PVEM.

@luisglozano