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Justicia a domicilio 2

Por Carlos A. Hernández Rivera

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.

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    Preguntas y respuestas

      Mientras un agente de Villa de Reyes seguía citando a un adolescente, su intervención en el caso ya se discutía ante un juez federal. Semanas después, el propio agente escribió que carecía de competencia para continuar investigándolo.

      En esta columna conté que una carpeta iniciada a unos cincuenta kilómetros de la capital permitió conocer una explicación de la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes: ciertas investigaciones podían permanecer en las agencias territoriales y sólo algunas llegarían a la Unidad. La pregunta era quién garantizaba, desde el primer acto, que esas agencias contaran con personal especializado.

      Los documentos incorporados después al amparo vuelven más inquietante esa pregunta. Según refiere la familia, los dos primeros citatorios dirigidos al adolescente fueron llevados a su domicilio por policías. En ellos se le convocaba sin explicarle con claridad su situación procesal ni las garantías que le corresponden por su edad. Y hubo un tercero: fechado el 4 de septiembre, lo citaba para el día 21. La familia señala que este último nunca llegó, pero su expedición consta entre los documentos que el propio agente presentó al juez.

      El 28 de septiembre llegó el viraje. El agente asentó que la investigación de una persona adolescente debía estar a cargo de autoridades especializadas, afirmó que su agencia carecía de competencia legal para continuar y ordenó remitir la carpeta. Cuatro días después informó de ello al juez federal y pidió que se sobreseyera el reclamo relativo a la falta de remisión.

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      Así, dentro de una misma Fiscalía conviven dos posiciones difíciles de conciliar: la Unidad Especializada sostiene que los asuntos pueden investigarse en los municipios bajo ciertas condiciones; el agente que condujo éste declara por escrito que él no podía seguir haciéndolo. La ampliación del amparo exige ahora algo elemental: que la institución explique con documentos quién estaba especializado, cómo distribuye los casos y qué ocurrió con esta carpeta.

      Es posible anticipar el sentido de la respuesta judicial sobre la necesidad de especialización: el artículo 23 de la Ley Nacional exige que las actuaciones estén a cargo de órganos especializados desde el inicio. La remisión tardía no responde, por sí sola, qué garantías tuvo el adolescente durante los meses anteriores. El juez determinará los efectos jurídicos de esa secuencia.

      Desde Fundación Jair emprendimos este litigio estratégico para visibilizar una práctica y contribuir a terminarla. También propondremos una respuesta de política pública: un diagnóstico organizacional de las agencias territoriales; un registro verificable de operadores y su formación; estadísticas sobre investigaciones de adolescentes por municipio y etapa; medición de tiempos de canalización; y proyecciones de personal y presupuesto según la demanda real. Sin esos datos, prometer especialización en todo el estado es sólo una declaración.

      La batalla judicial continúa. La pregunta para la Fiscalía es cómo garantizará que ningún adolescente necesite promover un amparo para saber quién está facultado para investigarlo. Desde Fundación colaborar y auxiliar en la respuesta nuestro compromiso.

      carloshernandezyabogados@gmail.com