La niñez no tiene quien le escuche

Si escucha habitualmente la radio, seguramente ha escuchado un spot del Instituto Nacional Electoral donde ponen a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a hablar sobre la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ). Ese ejercicio de democracia que el Instituto Nacional Electoral realiza cada tres años en el que se busca la opinión de las personas de esos grupos de edad sobre sus visiones y preocupaciones sobre su entorno.

La CIJ más reciente se hizo en noviembre de 2024, casi 11 millones de niñas, niños y adolescentes participaron en ese ejercicio. La cifra es extraordinaria. Si lo ponemos en perspectiva, estamos hablando de un ejercicio capaz de movilizar la opinión de una población superior a la de muchos países completos.

La pregunta incómoda viene después: ¿qué ocurrió con esas 10.7 millones de opiniones?

La Consulta Infantil y Juvenil está por cumplir 30 años. Su antecedente se remonta a 1997, cuando el entonces IFE realizó el primer ejercicio de este tipo. En su edición más reciente, el propio INE explica que el objetivo es que las opiniones de niñas, niños y adolescentes sean tomadas en cuenta mediante acciones del Estado, la sociedad civil y otras instituciones. Es un propósito encomiable. El problema aparece cuando uno intenta seguir el viaje de esas opiniones después de abandonar la casilla.

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Consultar no es lo mismo que escuchar, y escuchar tampoco equivale a responder. La propia autoridad electoral lleva años advirtiéndolo. Después de distintas ediciones de la consulta, en la sesión de Consejo General del INE se repite una misma exhortación: los resultados deben traducirse en acciones, políticas públicas y compromisos concretos; no deben convertirse en ejercicios aislados.

Pienso que esa reiteración resulta reveladora y preocupante. Si cada tres años hay que recordar que las opiniones deben convertirse en acciones, quizá el problema es mucho más complejo de lo que parece. Hay evidencia mucho más contundente que la retórica alrededor de la Consulta.

Puedo atestiguar que después de la Consulta Infantil y Juvenil de 2021 se construyeron agendas de atención en las que diversas instituciones asumieron 2 mil 658 compromisos derivados de lo expresado por niñas, niños y adolescentes. El seguimiento posterior arroja números bastante menos espectaculares que los de participación.

Para diciembre de 2023 se habían cumplido 545 compromisos: apenas 20.5 por ciento. Otros 358 continuaban en proceso, 61 habían sido cancelados y, en mil 372 casos -más de la mitad del total- ni siquiera se había recibido respuesta. Había además 51 actividades reportadas todavía como "pendientes de iniciar". No pues sí.

Déjeme advertir que no son cifras obtenidas por una organización adversaria del INE ni producto de una auditoría hostil. Proceden de la propia documentación institucional relacionada con el seguimiento de la consulta.

Dicho de otro modo: de cada cinco compromisos adquiridos como consecuencia de escuchar a niñas, niños y adolescentes en 2021, sólo uno podía considerarse cumplido al cierre de aquel seguimiento. Si le interesa el tema busque un documento llamado "Líneas temáticas para acciones de presentación y difusión" de la CIJ 2024, publicado por el propio INE.

Hay que hacer aquí una precisión importante. ¿A quién se le debe atribuir el incumplimiento de todos esos compromisos?. El Instituto electoral no puede sustituir a un ayuntamiento, un congreso, una secretaría de educación o un sistema DIF, ni dispone de facultades para obligarlos a convertir las conclusiones de una consulta en determinada política pública.

El problema tampoco es una impresión aislada. En Voces olvidadas: análisis de la Consulta Infantil y Juvenil para mirar los derechos de las infancias y adolescencias, publicado este año en la revista Métodhos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Josué Sauri llega a una conclusión particularmente severa: aunque el INE genera y publica información valiosa sobre los resultados, éstos han carecido de suficiente aplicación práctica. 

A esta lectura quiero agregar un dato nada complaciente: hemos necesitado casi tres décadas desde aquella primera consulta de 1997 para colocar el seguimiento de los compromisos como una fase explícita del ciclo institucional. Olvídese de evaluar el impacto.

La CIJ 2024 consiguió que más de diez millones de personas menores de edad hablaran. Ahora comienza la parte difícil: demostrar que del otro lado había alguien escuchando.

Y para saberlo no necesitamos otra campaña de difusión. Necesitamos nombres de instituciones, compromisos concretos, plazos, porcentaje de cumplimiento y resultados públicamente verificables.

Quién le va a responder a más de 10 millones de voces. ¿Quién dice yo?.

La caminera

Durante 74 días, un grupo de estudiantes del IPN tomó Canal Once para protestar por demandas que, curiosamente, no tenían nada que ver con Canal Once. Al retirarse dejaron como saldo una videoteca histórica dañada, equipos afectados y hasta una plaga de ratas -aunque creo que ésas ya estaban ahí desde antes-. Una forma bastante creativa de defender la educación pública: poniendo en riesgo parte de su memoria.

No dejo de pensar con nostalgia y tristeza que Canal Once era una institución importante. Era.