Aumenta violencia contra periodistas en San Luis Potosí

San Luis Potosí encabezó el registro nacional de agresiones contra mujeres periodistas durante el trimestre más reciente documentado por Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), al concentrar seis de los 38 casos reportados en el país, el mayor número entre las 17 entidades donde se documentaron ataques contra comunicadoras.

El reporte ubica a la entidad por encima de Coahuila, Aguascalientes, Estado de México y Ciudad de México, que registraron cuatro casos cada una. Aunque la organización no desglosa los hechos ocurridos en territorio potosino durante el periodo analizado, el resultado coloca nuevamente a San Luis Potosí entre los estados con mayores riesgos para el ejercicio periodístico de las mujeres.

A nivel nacional, la cobertura de información política se mantuvo como la actividad con mayor incidencia de agresiones, al concentrar 20 de los casos documentados. La violencia psicológica fue la modalidad más frecuente, seguida de la violencia física, mientras que entre las principales afectaciones al ejercicio periodístico se identificaron el bloqueo informativo, la estigmatización, la intimidación, las campañas de desprestigio, las amenazas, el hackeo y las detenciones arbitrarias. Los medios digitales reunieron la mayoría de los casos registrados.

El informe trimestral se suma a un panorama que la propia organización ha documentado durante los últimos años en San Luis Potosí. Entre julio de 2012 y junio de 2026, CIMAC contabilizó 81 agresiones contra mujeres periodistas en la entidad, de las cuales 30 tuvieron como presuntos responsables a personas funcionarias públicas. Además, señala que durante la actual administración estatal se han registrado 26 agresiones en menos de dos años, cifra que representa más de la mitad de los casos documentados durante todo el sexenio anterior.

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Como parte del contexto, CIMAC refiere que el escenario para el ejercicio periodístico se ha complicado tras la entrada en vigor, en noviembre de 2025, de la reforma al Código Penal conocida como "Ley Serrano", la cual ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión al considerar que puede utilizarse para inhibir la labor informativa.