Diputados gastan 3.2 mdp en informes
La cifra es únicamente lo de noviembre
La asociación civil Ciudadanos Observando reveló que el Congreso del Estado erogó en noviembre pasado 3 millones 266 mil 232 pesos para cubrir gastos relacionados con los primeros informes de actividades legislativas de diputadas y diputados locales.
Gastos y pagos en informes legislativos
Los registros oficiales de egresos muestran transferencias directas bajo el concepto "Gastos por comprobar. Primer informe de actividades legislativas", autorizadas por Oficialía Mayor y la Coordinación de Finanzas del Congreso.
Entre los montos más altos aparecen 103 mil pesos para Roxanna Hernández Ramírez, Frinne Azuara Yarzábal y Marcelino Rivera Hernández. También se registran 94 mil 250 pesos para Nancy Jeanine García Martínez, mientras que otros legisladores recibieron 88 mil y 73 mil pesos por el mismo concepto.
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En los mismos registros figura el actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, quien recibió 73 mil pesos para su informe.
Pagos a proveedores y contexto histórico
Además de las transferencias directas, el Congreso cubrió pagos a proveedores vinculados con la organización de los eventos. Destaca un pago por 123 mil 250 pesos al Centro Potosino de Convenciones por el informe del diputado Luis Emilio Rosas Montiel, así como erogaciones por renta de mobiliario, equipo audiovisual e impresión de materiales gráficos.
En abril de 2016, la LXI Legislatura aprobó la eliminación de los apoyos extraordinarios como gasolina y gestoría. Aquella decisión fue presentada como un acuerdo institucional de austeridad y transparencia, luego de los cuestionamientos públicos registrados en ese periodo.
En ese momento se estableció la fusión del salario con los apoyos y se asumió públicamente el compromiso de no restablecer partidas adicionales bajo ninguna denominación.
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Sin embargo, en octubre de 2024, tras una solicitud de Ciudadanos Observando para eliminar el apoyo de gasolina a diputados foráneos, Héctor Serrano defendió públicamente ese beneficio. En esa ocasión aseguró que debía entenderse como un "acto de justicia" y no como un beneficio personal, sino como una medida necesaria para el desempeño legislativo.
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