Denunciante sufre acoso gubernamental

En una nueva incursión, la Coordinación Civil de Protección Civil (CEPC) practica inspecciones a dos empresas relacionadas con Juan Ramón Infante, vicepresidente de Coparmex en Matehuala y promotor de la demanda para solicitar responsabilidad penal en contra de funcionarios de diversos órdenes de gobierno, a quienes califica como involucrados por negligencia u omisión en el accidente del antro Rich, donde falleció su hijo.

Juan Ramón Infante denuncia persecución política

En entrevista, el empresario consideró la inspección como un acto de intimidación, luego de que ha denunciado precisamente a funcionarios de la CEPC por negarse a dar la cara para aclarar el asunto. Comparó los hechos con un acto de persecución política, de la que señala como responsable a la Contraloría General del Estado, instancia a la que requirió el expediente del caso y el avance de investigaciones a funcionarios.

Dijo que "la persecución política podría continuar", pero admitió que no le preocupa, porque finalmente es un juego institucional que consideró planeado para impedirle que continúe pidiendo cuentas de las investigaciones.

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Detalles de la inspección y acciones institucionales

Ramón Infante expresó que las acciones institucionales para inhibir la investigación, han alcanzado tal nivel de organización, que llevan al accidente de junio de 2024, cuando personal de la CEPC se presentó en el lugar del incidente, revisó las instalaciones de la Plaza Alttus, pero según dijo, por indicaciones, se les instruyó limpiar áreas la explanada, en presencia de un elemento de Fiscalía General del Estado.

Pidió a funcionarios públicos una nueva revisión de estos hechos y girar citatorios al titular de protección civil para aclarar lo que resulte necesario.

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