Impugna PRI multa por omitir gastos y aportaciones indebidas
El partido enfrenta una sanción por irregularidades administrativas
Alberto Rojo Zavaleta/Foto: Citlally Montaño-Pulso
El secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI en San Luis Potosí, Alberto Rojo Zavaleta, confirmó que el partido impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la multa por 816 mil 411.89 pesos que le fue ratificada por irregularidades detectadas en el manejo de sus recursos.
La sanción fue confirmada por la Sala Regional Monterrey dentro del expediente SM-RAP-1/2026, al validar el acuerdo INE/CG1523/2025 emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Las multas derivan de omisiones en el reporte de gastos y de la recepción de servicios considerados como aportaciones indebidas. La sanción más alta, por 581 mil 187.87 pesos, corresponde a la falta de reporte de 387 mil 458.58 pesos por servicios atribuidos a la empresa Consultivo Jiti S.A. de C.V. Además, se impuso una multa de 235 mil 224.02 pesos por servicios de audio y pantallas LED prestados en el edificio del Comité Directivo Estatal, cuyo costo quedó registrado como cuenta por cobrar y, al no liquidarse, fue considerado una aportación prohibida por la legislación electoral.
En entrevista, Rojo Zavaleta explicó que el origen del caso se remonta a tres facturas emitidas en 2019 por bienes que, según los registros, no fueron adquiridos. Aunque los hechos corresponden a una dirigencia anterior —encabezada entonces por Elías Jesrael Pesina Rodríguez como presidente del Comité Directivo Estatal y Yolanda Josefina Cepeda Echavarría como secretaria general— sostuvo que el partido no puede eludir la responsabilidad institucional. "Aun cuando no corresponde a la gestión del actual comité directivo estatal, nosotros como institución no podemos soslayar las eventuales ineficiencias o deficiencias que hubieran incurrido quienes nos precedieron (...) Aun cuando no fue este comité, nosotros tendremos que hacer frente como nos corresponde", afirmó.
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El secretario técnico indicó que el recurso de reconsideración ya está en trámite ante la Sala Superior y reiteró que el partido ha recurrido a las instancias legales cuando considera que una determinación lesiona sus intereses. No obstante, aseguró que, si la resolución resulta adversa, acatarán la sanción. En ese escenario, el pago se realizaría mediante el financiamiento público que recibe el partido, gestionando que el descuento se haga de manera directa ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
Rojo Zavaleta no descartó que puedan surgir nuevas sanciones derivadas de fiscalizaciones anteriores, al señalar que los procesos del INE pueden prolongarse durante años. Reconoció que este tipo de resoluciones debilitan económicamente al partido, aunque afirmó que han realizado ajustes internos para evitar que la actividad política se vea afectada.
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