Persisten "simulaciones" en la atención a indígenas: OIM
La representación estatal del INPI no cuenta con una sede física funcional, denuncia Cisneros Sánchez
Foto: Archivo-Pulso
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) acusó que en la representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en San Luis Potosí persiste una "simulación jurídica y administrativa", pese al anuncio reciente de un espacio provisional para la atención de usuarios.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante de la organización señaló que la crisis institucional del INPI no ha sido resuelta y advirtió que la llamada "oficina provisional" carece de validez suficiente para atender de manera formal a las comunidades indígenas de la entidad.
Refiere que desde el 20 de abril de 2026, la representación estatal del instituto no cuenta con una sede física funcional, luego de que el personal fuera enviado a trabajar bajo la modalidad de home office mediante el oficio ORSLP/2026/OF/0088, argumentando "situaciones ajenas".
Según el observatorio, esta situación ha dejado en estado de indefensión a las comunidades indígenas que requieren atención presencial en la capital potosina para trámites administrativos, jurídicos y de representación.
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Además, cuestionó que el espacio habilitado dentro de la Secretaría de Bienestar no constituye un domicilio legal formal conforme a la Ley del INPI y su Estatuto Orgánico, por lo que consideró que mantener registrada una dirección distinta en los portales oficiales del Gobierno Federal genera incertidumbre jurídica y podría afectar la validez de actos administrativos.
De igual forma señaló que Mario Godoy Ramos, titular del INPI en la entidad potosina presuntamente aparecería en la nómina de Michoacán mientras desempeña funciones en San Luis Potosí, por lo que existen dudas respecto a su situación laboral y presupuestaria.
El OIM sostuvo que la falta de una oficina permanente representa no sólo un problema administrativo, sino una limitación para el ejercicio de los derechos de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.
Finalmente, Juan Felipe Cisneros Sánchez exigió a la Dirección General del INPI una solución definitiva que contemple una sede con plena validez jurídica y operativa, además de revisar la situación del actual titular de la representación estatal.
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