SCJN aplaza discusión sobre reforma del aborto
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión del proyecto con el que se revisa, sí el Congreso de San Luis Potosí, incurrió en una reforma regresiva al modificar las disposiciones sobre el aborto terapéutico en el Código Penal estatal, luego de que el asunto, no fue abordado en la sesión prevista del Pleno.
En el plano local, la diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, fue cuestionada sobre el posible alcance de la revisión del máximo tribunal a la reforma aprobada en 2024.
La legisladora evitó fijar una postura de fondo y se limitó a señalar que el Congreso potosino, atenderá lo que resuelva la SCJN, sin ampliar consideraciones sobre el impacto jurídico o político del caso.
El proyecto pendiente corresponde a la acción de inconstitucionalidad 185/2024 y sus acumuladas 187/2024 y 192/2024, promovidas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en contra del decreto aprobado en noviembre de 2024 que eliminó la fracción III del artículo 150 del Código Penal estatal, relativa a la no criminalización del aborto cuando la vida o la salud de la persona gestante está en riesgo.
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La ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García plantea que esa modificación no puede analizarse como un ajuste técnico, sino como una decisión que tuvo efectos en la protección de derechos, al abrir un periodo en el que mujeres y personas gestantes quedaron expuestas a posibles escenarios de criminalización en contextos de urgencia médica. Bajo ese criterio, sostiene que la figura debió mantenerse y, en todo caso, ser regulada con mayor precisión para evitar vacíos legales o interpretaciones restrictivas en la atención médica.
La propuesta advierte que, en caso de declararse la invalidez del decreto, sus efectos podrían retrotraerse a noviembre de 2024, lo que obligaría al Congreso a rehacer la regulación del aborto terapéutico conforme a los criterios que eventualmente fije la Corte.
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