Persiste opacidad de FGE en casos de desaparecidos: Voz y Dignidad
En Ciudad Valles se han detectado al menos 15 fosas clandestinas con restos humanos y prendas, dicen
El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros denunció presuntas irregularidades en el manejo de fosas comunes y clandestinas, así como falta de información oficial sobre los avances en la localización de personas desaparecidas, situación que —aseguran— ha obstaculizado directamente el trabajo de las madres buscadoras en el estado.
Fiscalía de San Luis Potosí y acusaciones de opacidad
La vocera del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, acusó a la titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, de haber mantenido una política de opacidad durante los dos años que lleva al frente de la institución. Señaló que, pese a que las autoridades aseguran avances, no se ha entregado a las familias un informe general que permita dar seguimiento real a los casos.
Pérez Rodríguez cuestionó la falta de reportes consolidados sobre hallazgos relevantes, al mencionar que en un punto conocido como Laguna del Mante se habrían localizado decenas de prendas, entre ellas alrededor de 45 bóxers, sin que exista información pública sobre posibles identificaciones o peritajes. Subrayó que estos indicios podrían ser clave para ubicar a personas desaparecidas.
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Hallazgos en fosas comunes y clandestinas
La activista también denunció la existencia de una fosa común en el panteón de El Saucito con más de 600 cuerpos inhumados —según su dicho— sin necropsia ni registros completos, lo que consideró una grave omisión institucional. Añadió que, desde la experiencia del colectivo, este tipo de espacios suele estar relacionado con actividades del crimen organizado.
En el municipio de Ciudad Valles, afirmó que desde septiembre del año pasado se han detectado al menos 15 fosas clandestinas o "zonas de exterminio", donde se han encontrado fragmentos óseos humanos y prendas de vestir, lo que evidenciaría la magnitud del problema en la región Huasteca.
Finalmente, la vocera acusó que algunos procedimientos realizados por la Fiscalía podrían no ajustarse a los protocolos establecidos para el procesamiento de fosas y lamentó la falta de claridad sobre quién asumiría responsabilidades ante una eventual denuncia, debido a cambios internos dentro de la institución. Según dijo, esta incertidumbre jurídica dificulta que las familias puedan exigir rendición de cuentas.
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