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> Control estatal > Más casos

Por Redacción

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.

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Para nadie es un secreto que la gran debilidad de la actual administración estatal es el control de todo y más cuando se trata de recursos, sean estos federales, estatales y ahora hasta de los municipales.

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Esa es sido la principal motivación y causa de controversias y pleitos. Ahí está la UASLP para ilustrar esta situación. 

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Pese a todo, la fuerza política dominante se ha encargado de ir sumando a más y más administraciones municipales hacia el lado verde "de la fuerza", lo cual, en los hechos, no ha significado otra cosa que una cada vez menos discreta intromisión en las administraciones locales.

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Aquello de la autonomía municipal garantizada por el artículo 115 Constitucional se puede interpretar de diversas maneras, pero una de ellas no ha sido la del freno para las intromisiones estatales. Apoyo institucional, coordinación de esfuerzos y términos similares se han multiplicado en la actual administración estatal.

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Y ahora va una más.

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Sucede que mientras los potosinos estamos más entretenidos en decidir entre pavo, pozole, romeritos, tamales o bacalao, el Congreso del Estado aprobó una reforma que introduce un nuevo "filtro" (así entre comillas) para el ejercicio del gasto social en los municipios.

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A quién más sino a un diputado del partido del tucán se le pudo haber ocurrido condicionar el reconocimiento y la prioridad presupuestal de los programas sociales a "su permanencia en el tiempo". La medida, señala su impulsor, redefine las reglas bajo las cuales los ayuntamientos podrán acceder a apoyos estatales y federales en materia de desarrollo social.

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Sin hacer grandes anuncios, ni revelar el alcance de la medida, se adicionó el Artículo 32 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí,  para que sólo los programas que acrediten al menos dos ejercicios fiscales consecutivos sean registrados como Programas Prioritarios Municipales ante el Sistema Estatal de Desarrollo Social. El mencionado registro deberá renovarse de manera anual, una característica que colocará a los municipios bajo un esquema de evaluación constante para mantener ese estatus.

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El diputado Fernando Gámez Macías del PVEM, señala que su propuesta se da en un contexto de cuestionamientos sobre la efectividad de los programas sociales y su uso como herramienta de política pública. ¡Quien lo hubiera imaginado!, ¿desde cuándo los programas sociales se han usado como instrumento político? Este hombre, sin duda, es un genio visionario.

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La reforma se plantea como un mecanismo para reducir la pobreza y la desigualdad, pero el criterio central aprobado se basa en la continuidad de los programas, más que en la medición de su impacto social. El registro otorgará reconocimiento institucional, prioridad en el ejercicio del gasto social municipal y preferencia en la gestión de apoyos estatales y federales. 

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Sin embargo, ¿adivine a quién le tocará palomear a los municipios? Nada más y nada menos que a la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado. Lo dicho: control es el nombre de su juego.

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Y pues bastante preocupante resulta el reconocimiento por parte del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez, en el sentido de que cada vez hay más menores de edad involucrados en delitos graves.

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Menciona el funcionario estatal que no se trata de casos aislados, sino que ya es un problema estructural. 

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Más allá de contar con un diagnostico del problema, lo importante es saber si tienen ya algún plan, proyecto o buena intención para atenderlo y solucionarlo.

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No nos resta más que desearle que se pase una feliz Navidad con sus seres queridos. Por aquí nos reencontramos el viernes.

¡MUCHAS FELICIDADES!