Consejeros alzan la voz Negocio y crisis del agua
El polémico proyecto denominado Distrito Santa Fe empieza a incomodar no sólo a la ciudadanía, ni a los universitarios, sino también a miembros del Consejo Directivo Universitario. A decir del pronunciamiento de una consejera alumna, con respecto a la falta de información relacionada con el desarrollo inmobiliario que ocuparía el terreno adquirido con recursos propios, es evidente que algunos por omisión y otros por colusión hicieron las cosas mal. El desaseo y la opacidad son evidentes debido a la total falta de transparencia.
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Dentro del propio Consejo Directivo Universitario comienzan a alzarse las voces que se van pronunciando por la corrección del camino, del que están pendientes no solo los universitarios, sino la sociedad. Es evidente que el tufo a corrupción va sembrando la exigencia de castigo a quienes resulten responsables de actos por comisión o colusión, acciones que hoy manchan el nombre de la Universidad. En tanto, lo que se aprecia es una tibia respuesta del rector con aquella frase “lo que caiga es bueno”. Es un contrato que afecta la estabilidad económica de la Universidad, y debe traer consecuencias.
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El delito de comisión por omisión, ocurre cuando se vulnera una norma prohibitiva o se comete un delito a través del no hacer. Desde el punto de vista jurídico, esta conducta consiste en la abstención de una actuación a la que una persona está obligada por ley. En este sentido, la ley establece que el resultado es atribuible a quién no hizo lo que debería haber hecho.
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La omisión está legalmente sancionada, sobre todo, en los casos en los que no se presta auxilio o cuidado. En líneas generales, los casos son los siguientes: a las personas que tenían el deber jurídico de evitar un hecho que se produjo. Las personas que aceptaron la protección de un bien, como la salud, la vida o un bien, y no la han procurado, entre otros. Tanto el rector Alejandro Zermeño, su secretario general Federico Garza así como Germán Pedroza presidente de la Comisión de Hacienda y sin duda el ex abogado general Joel González de Anda, estarían en riesgo de ser acusados de este delito.
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Por el lado de Rioverde, el alcalde Arnulfo Urbiola parece querer montarse en su macho como un cacique regional, al suspender el pago de sueldos a regidores de oposición. Ellos acusan que la falta de pago forma parte de una dinámica de presión política, para que los miembros del Cabildo aprueben las decisiones de Don Arnulfo. Los gobiernos autoritarios son poco comunes en la Zona Media, pero ahora todo parece indicar que ya hay uno ejerciendo el cargo. El presidente deberá corregir el rumbo, por el bien del municipio.
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Se avecina otra vez el negocio del agua. A decir del alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos, ya viene otra crisis del agua, y según el presidente municipal ya están listas las medidas de prevención para evitar una crisis como la de 2023. Sin embargo, se espera que no se haga negocio con el agua, como en años anteriores. Hay usuarios que pagan hasta cuatrocientos pesos de agua por pipa, y eso no lo merecen quienes pagan el servicio de manera puntual.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
