Semana de perros
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) acaba de vivir una de sus semanas más turbulentas, en la que le detonaron simultáneamente no una, sino tres crisis, que, en lo individual, tienen un grado distinto de gravedad, pero que en conjunto amplifican su grado de amenaza contra la institución y, especialmente, la Rectoría.
Las protestas, las más grandes en décadas, detonadas por el enésimo caso de agresión sexual, ésta en su modalidad más grave, la violación, registrada en la Facultad de Derecho, cimbraron a la institución y la obligan a enfrentar al elefante en el campus: pese a un discurso de cero tolerancia, la institución se ha empeñado en mantener un entorno en el que las agresiones sexuales contra las mujeres —alumnas, catedráticas, funcionarias y trabajadoras— se siguen registrando, prohijadas por la impunidad oficial.
En el ya largo pleito entre la UASLP y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), en el que la primera se resiste a ser auditada por el órgano fiscalizador local, la universidad sufrió una nueva derrota en la Suprema Corte de Justicia, que desechó un recurso de revisión de un fallo previo, también rechazado, en el que pedía ser considerada como uno de los organismos autónomos con la atribución de presentar controversias constitucionales.
Con esto, la estrategia de la Oficina de la Abogacía General de litigar el caso en tribunales federales se derrumba y la deja casi sin margen de maniobra ante un IFSE que ya afila los cuchillos no sólo para meterse en las tripas financieras de la UASLP, sino para castigar a los que allí se le han opuesto.
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Y en tercer lugar, está el berenjenal en que se convirtió el negocio de la renta de un valioso predio universitario a una empresa que, sí, con polémica y con maniobras no bien vistas por todos, enredó a la universidad en un litigio mercantil. En la semana tormentosa que concluyó, el apoderado legal de Distribuidora VEM S.A. (VEMSA), el controversial Fabián Espinosa Díaz de León, puso su contribución al caos: anunció una contrademanda millonaria a la institución.
Desde luego, no es seguro ni inevitable que triunfe en los tribunales, pero ya puso la altura a la vara de la negociación, que requerirá un esfuerzo y atención de una UASLP que también tiene que enfrentar las otras dos crisis mencionadas previamente.
Y lo debe de hacer con una rectoría debilitada y un equipo en el que las figuras clave se han vuelto inoperantes y, en el peor de los casos, parte del problema.
Es el caso de la revolución interna que hoy enfrenta por la laxitud ante los delitos sexuales en el campus. Que sea un problema añejo, al que la institución le ha sacado la vuelta para darle una solución definitiva, es evidencia de las fallas de la Rectoría.
El problema no inició con Alejandro Zermeño Guerra en la rectoría, pero tampoco ha hecho lo suficiente para darle una solución definitiva.
Lo ocurrido en Derecho es la suma de la apatía, el incumplimiento de obligaciones y la pachorra de las autoridades universitarias.
La agresión contra una joven universitaria a manos de otros compañeros en la oficina de la representación estudiantil de la facultad sucedió la tarde de un viernes. Años hace que en Derecho, el fin de semana empieza ese día. Pocos son los maestros que se presentan a dar clase. La mayor parte no asiste más que para firmar la asistencia y retirarse, en el mejor de los casos.
Eso propicia que la escuela ubicada en Cuauhtémoc se vuelva un paraje solitario y sin supervisión, escenario favorable para que un grupo de alumnos convirtieran una oficina estudiantil en un bar con consumo de drogas, primero, y luego en la escena de un crimen sexual.
También llama la atención que en su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la víctima relatara que ese día, pese a que llegó desde las ocho de la mañana a la escuela, no tuvo ninguna clase. Si no asistió por voluntad propia, ¿por qué pasa eso en Derecho?
De acuerdo a ese mismo documento, un funcionario municipal sorprendió a los estudiantes cometiendo la agresión, pero su reacción fue dolorosamente burocrática, centrada en levantar declaraciones, imponer suspensiones (incluso a la agredida) y pretender que firmaran actas sin permitirle a ella leerla.
LA UASLP tiene un protocolo contra las agresiones sexuales que fue soberanamente ignorado. De acuerdo a la declaración de la víctima, no hubo acompañamiento. Tampoco se reportó la agresión a otra instancia, externa e interna.
En cambio, los directivos de Derecho que lidiaron con el caso de inicio sustituyeron el protocolo con medidas orientadas más al ocultamiento del caso.
El resultado: el director, Germán Pedroza Gaitán, estaba condenado y presentó su renuncia cuatro días después de la agresión. Dos de sus colaboradores fueron cesados y la directora de la Defensoría de Derechos Humanos, Magdalena González Vega, cesada.
Sobre ella, corre la versión de que en realidad ofreció su renuncia, pero fue presentada como despido por las rencillas que mantenía con su antecesora en la defensoría, la abogada general Urenda Navarro Sánchez, quien realizó el anuncio.
La indignación estudiantil que encendió el caso sacudió no sólo a la universidad, sino a la ciudad, con un paro casi general y movilizaciones que no se veían en décadas. La ciudad fue estrangulada y la rectoría fue escenario de un juicio sumario a unos pocos funcionarios que enfrentaron a la turba.
Y aquí es cuando quedó en evidencia que una figura clave de la estructura de mando de la rectoría, el secretario general Federico Garza Herrera, demostró su total incapacidad para enfrentar la crisis.
El primer fiscal autónomo del estado siempre estuvo ausente de la crisis. No intervino en sus primeros momentos y en la única escena en la que se le ha visto, la toma de la rectoría del martes, Garza Herrera se volvió una pared que recibía, sin responder, exigencias, insultos y denuestos.
No intervino siquiera en las vergonzosas agresiones verbales que sufrieron la abogada general, la contralora universitaria y la directora de Cultura de la Universidad.
Ante esa incapacidad, muchos se preguntan por qué Garza Herrera no ha presentado su renuncia o Zermeño Guerra no lo ha destituido.
Quizá el rector no tenga tiempo ni atención para ello. A él tampoco le fue bien en los primeros momentos de la crisis. Su ausencia, por un viaje a la Ciudad de México, recibió críticas.
Posteriormente tomó las primeras medidas, como la aceptación de la renuncia del director de Derecho, ordenó las destituciones e inició el diálogo con los alumnos inconformes.
Zermeño Guerra tiene enfrente el reto de que la política contra los delitos sexuales en la UASLP ya no sea una simulación. Esa es la prioridad.
Pero este conflicto generó un río revuelto en el que los intereses de la política interior universitaria buscaron beneficiarse. Y la Rectoría también debe ese asunto.
Acéfala la Facultad de Derecho, inició la rebatinga por la sucesión. En los últimos años, las catedráticas de Leyessienten que es el turno de una directora, a lo que se ha opuesto la, digámosle, vieja guardia de maestros varones que quieren mantener el status quo, desde que el viernes siga siendo un virtual día libre hasta que se conserve la simulación del combate a las agresiones de género.
Una parte del bando rupturista fue beneficiada en un ejercicio de los estudiantes: una elección a mano alzada de propuestas para ocupar la dirección, mecanismo que no está previsto en la normatividad universitaria, pero que la Rectoría aceptó recibir.
La reacción del conservadurismo en Derecho fue pedir, a través de canales oficiales, que no se modificaran los mecanismos establecidos, es decir, que no se tomara en cuenta la elección de los estudiantes.
La Rectoría no está en posición de negar algo a un estudiantado empoderado, así que, el viernes por la tarde, leyó la cartilla a representantes de la vieja guardia, lo que abre la puerta a sí, respetar el proceso oficial, en el que el Consejo Directivo Universitario realiza la elección, pero ya perfilándose un resultado inédito: Derecho tendría directora.
Mientras esto sucede, el viernes se concretó el fallo de la Sala Superior de la SCJN en la resolución del recurso de revisión 43/2025 que la UASLP presentó contra un fallo adverso previo en la controversia constitucional 178/2025, en la que la institución se quejó de la invasión de facultades de su Órgano Interno de Fiscalización y de la Auditoría Superior de la Federación por parte del IFSE para auditar sus recursos propios.
La Corte desechó ese procedimiento porque las universidades estatales no están en la lista de instituciones con la atribución de presentarle controversias constitucionales y contra eso se inconformó la UASLP.
Ya había un precedente idéntico con el mismo resultado, lo que parece cerrarle la puerta ante la justicia federal.
El IFSE ya amagó con sanciones a los responsables de negarse a la auditoría y la UASLP se limitó a responder que seguirá defendiendo "por las vías legales pertinentes" la competencia de su OIC.
Sería importante conocer cuáles vías le quedan, porque si perdió ante la SCJN, no se ve por dónde. Sería una pena que el área legal universitaria adopte tácticas de leguleyo trinquetero: presentar recurso tras recurso para alargar la resolución sobre una batalla perdida.
