Democracias cansadas

Mientras en México discutimos elecciones, seguridad o crecimiento económico, en Ginebra se desarrolla una conversación distinta que podría marcar la agenda de derechos humanos de las próximas décadas. Durante el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la salud mental ocupa un lugar cada vez más relevante dentro del debate internacional. Y la razón es sencilla: el mundo ha comenzado a comprender que la salud mental no es solamente un asunto médico, sino también una cuestión de derechos humanos.

El cambio parece sutil, pero es profundo. Durante décadas, la pregunta central fue cómo diagnosticar y tratar enfermedades mentales. Hoy, Naciones Unidas plantea una interrogante diferente: ¿cómo garantizar que las personas puedan vivir con dignidad, autonomía y participación plena en la sociedad, aun cuando experimenten sufrimiento psíquico o padecimientos relacionados con la salud mental?

Este nuevo paradigma descansa sobre varios ejes.

El primero consiste en colocar la dignidad humana en el centro. Ya no se trata únicamente de atender síntomas, sino de reconocer a cada persona como titular de derechos. La salud mental deja de ser un problema exclusivamente clínico para convertirse en una condición indispensable para ejercer libertades, estudiar, trabajar, formar una familia o participar en la vida pública.

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El segundo eje cuestiona el modelo tradicional basado en instituciones psiquiátricas y hospitalizaciones prolongadas. La tendencia internacional apunta hacia sistemas de atención comunitaria, cercanos a las personas, integrados en los servicios generales de salud y apoyados por redes familiares y sociales. El objetivo es evitar el aislamiento y favorecer la inclusión.

El tercer eje gira en torno a la autonomía. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado cuando pretende proteger a una persona? ¿Cuándo una intervención médica es necesaria y cuándo se convierte en una sustitución indebida de su voluntad? Se trata de uno de los debates más complejos y sensibles del momento, especialmente a la luz de los avances en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Un cuarto eje reconoce que la salud mental no depende únicamente de factores biológicos. La pobreza, la violencia, la discriminación, el desempleo, la incertidumbre económica y la exclusión social también afectan profundamente el bienestar psicológico. En otras palabras, las condiciones de vida importan tanto como los tratamientos médicos.

Finalmente, emerge un quinto eje que preocupa cada vez más a los organismos internacionales: la salud mental de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. El impacto de las redes sociales, el ciberacoso, la exposición permanente a contenidos y la presión por la aceptación social plantean desafíos inéditos para las nuevas generaciones.

Todos estos debates tienen algo en común: nos obligan a mirar la salud mental como un fenómeno colectivo y no solamente individual. Quizá por eso la discusión ha llegado al principal foro de derechos humanos del planeta.

Y es aquí donde aparece una pregunta todavía más provocadora, apenas insinuada en los debates internacionales actuales: si la violencia, la precariedad, la desconfianza y la incertidumbre afectan la salud mental de millones de personas, ¿puede existir una democracia saludable en una sociedad emocionalmente agotada?

Esa es una conversación que apenas comienza.

Las y los espero el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@gmail.com