"Soberanía en el siglo XXI: cuando un país deja de contarse historias y empieza a contarse verdades"

"La verdadera soberanía nace cuando 

un país deja de mentirse a sí mismo"

Václav Havel

México ha pronunciado la palabra soberanía durante un siglo entero como quien repite un mantra aprendido de memoria. La hemos escuchado en plazas públicas, en informes solemnes, en debates encendidos y en mañanas de ceremonia escolar. Ha sido bandera, advertencia, orgullo y, a veces, refugio. Pero el tiempo -ese juez silencioso- ha demostrado que la soberanía no es un talismán que se activa con discursos, sino una arquitectura compleja que se sostiene con hechos. En última instancia, la soberanía de un país no se proclama: se construye con hechos. Y México, con su historia de heridas abiertas y reconstrucciones tenaces, de modernizaciones incompletas y reformas interrumpidas, es un recordatorio vivo de que un Estado puede invocar la soberanía mientras la pierde, o puede dejar de hablar de ella mientras la fortalece.

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Tras la Revolución, la soberanía era un acto de supervivencia. Significaba pacificar un territorio desgarrado, imponer reglas comunes, inventar instituciones donde antes había caudillos. Era una soberanía de urgencia, de martillo y cincel, de Estado que se construye mientras gobierna. Luego llegó el "milagro mexicano", y la soberanía se volvió sinónimo de desarrollo. El Estado levantó carreteras, presas, escuelas, industrias. Era una soberanía orgullosa, paternalista, vertical. Una soberanía que se proclamaba desde el poder, no desde la ciudadanía. Las crisis de los años 70 y 80 rompieron el hechizo. La nacionalización bancaria de 1982, presentada como un acto de soberanía, reveló un Estado que había perdido el control de su economía. La deuda, la inflación y la dependencia petrolera mostraron que la soberanía no se declama: se administra. La transición democrática de los 90 abrió un nuevo capítulo. La soberanía dejó de ser monopolio del Ejecutivo y se repartió entre instituciones autónomas, contrapesos, tribunales, reguladores y gobiernos locales. Era una soberanía más plural, más técnica, más frágil. Un Estado más abierto, pero también más expuesto.

El siglo XXI trajo consigo una verdad incómoda: ningún país es completamente soberano, pero algunos tienen más capacidad que otros para decidir cómo integrarse al mundo. La literatura contemporánea -de Krasner a Sassen, de O´Donnell a Fukuyama- coincide en que la soberanía moderna es una capacidad estatal. No se trata de proclamar independencia, sino de tener la fuerza institucional para ejercerla.

México entró al nuevo siglo con tres fracturas profundas. La primera es la globalización: la apertura comercial, la integración manufacturera con América del Norte y la dependencia tecnológica transformaron la soberanía mexicana. Ya no se trataba de rechazar influencias externas, sino de tener la capacidad de decidir bajo qué reglas integrarse. Pero esa capacidad exige instituciones fuertes, reguladores profesionales, planeación de largo plazo. México avanzó en algunos aspectos, retrocedió en otros. La soberanía económica está a medio construir, como una casa sin cimientos suficientes.

La segunda fractura es la violencia criminal. Desde finales de los 90, y con mayor intensidad desde 2006, el crimen organizado se convirtió en el principal desafío a la soberanía mexicana. No es solo violencia: es autoridad paralela. Cuando grupos criminales cobran impuestos, imponen reglas, controlan rutas y sustituyen al Estado en funciones básicas, la soberanía deja de ser un principio jurídico y se convierte en una ficción operativa. La soberanía se fractura cuando el miedo sustituye a la ley. La tercera fractura es la polarización política.

En los últimos años, el discurso soberanista se convirtió en arma política. Se invoca para defender megaproyectos, confrontar organismos autónomos, justificar decisiones energéticas o descalificar críticas.

Pero la soberanía no se defiende con retórica, sino con instituciones profesionales, políticas públicas basadas en evidencia, servicios públicos funcionales, seguridad efectiva e innovación tecnológica. Cuando el discurso sustituye a la gestión, la soberanía se convierte en un recurso retórico, no en una realidad estatal.

Los últimos ocho años han sido especialmente duros para la soberanía mexicana. No por presiones externas, sino por decisiones internas que han debilitado aún más la capacidad del Estado para gobernar con independencia. La centralización política redujo la autonomía de instituciones técnicas; la militarización de funciones civiles debilitó capacidades administrativas; la desprofesionalización del servicio público ha erosionado la continuidad de políticas; la apuesta por combustibles fósiles frenó la transición energética; la confrontación con órganos autónomos minó la credibilidad regulatoria; y la improvisación en seguridad permitió que grupos criminales ampliaran su control territorial. La soberanía no se pierde de golpe: se desgasta, se cuartea, se diluye.

Los primeros meses de 2026 han sido un punto de quiebre. La presión por el T-MEC, los conflictos energéticos, los apagones recurrentes, la incapacidad para contener la violencia en corredores estratégicos, la crisis de medicamentos y la parálisis administrativa en sectores clave han mostrado un Estado que declara soberanía mientras exhibe dependencia, fragilidad y descoordinación.

A ello se suman los cuestionamientos constantes sobre la organización del Mundial 2026 en México. Mientras el discurso oficial presume "soberanía deportiva", las exigencias de FIFA -en seguridad, infraestructura, operación comercial y control del entorno urbano- han evidenciado la contradicción: México promete autonomía, pero acepta reglas externas que rebasan su capacidad institucional. Cada inspección, cada retraso, cada improvisación expuso la distancia entre el país que se proclama soberano y el que realmente puede operar bajo estándares globales. La soberanía se mide en capacidad operativa, no en ceremonias. Y en 2026, la capacidad ha sido insuficiente.

La soberanía moderna es una capacidad estatal. No se trata de proclamar independencia, sino de tener la fuerza institucional para ejercerla. Soberanía territorial es control real del territorio. Soberanía institucional es contar con burocracias profesionales, autónomas y estables. Soberanía económica y tecnológica es autosuficiencia, innovación, diversificación e infraestructura moderna. Soberanía social es confianza ciudadana, legitimidad y Estado de derecho. Sin estas capacidades, la soberanía es solo una palabra bonita.

La soberanía no se grita: se construye. No se presume: se demuestra. Y solo un país que se atreve a mirarse sin mentiras puede decir, con dignidad: Somos soberanos. No por lo que decimos, sino por lo que hacemos.

jmanuelrm@msn.com