Justicia por Domicilio

Una carpeta de investigación iniciada a unos cincuenta kilómetros de la capital potosina, en el municipio de Villa de Reyes, permitió descubrir algo que desconocíamos: la manera en que la Fiscalía dice distribuir los asuntos penales en los que intervienen personas adolescentes.

El hallazgo está escrito en un informe justificado presentado ante un juez federal. Lo firmó Marcos Esteban Águila Pérez, titular de la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Explicó que su unidad no conocía aquella carpeta porque el ministerio público municipal no le había dado aviso. También sostuvo que las carpetas llegan a la unidad central cuando serán judicializadas o litigadas, o cuando su complejidad amerita remitirlas, según el criterio del agente que lleva la investigación en el municipio.

El funcionario invocó, además, el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Su referencia es jurídicamente insostenible: ese artículo regula el internamiento como medida extrema y señala los hechos por los que puede imponerse. No reparte competencias entre oficinas de la Fiscalía ni convierte la especialización en un servicio reservado para determinadas carpetas.

La imagen resulta elocuente. Desde una zona residencial del poniente de la capital, la unidad especializada explica por qué una investigación iniciada en un municipio no llegó a sus manos. El problema no es la distancia que separa ambas oficinas. Es qué ocurre con los derechos de una persona adolescente mientras la carpeta permanece donde comenzó.

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El informe asegura que las delegaciones cuentan con personal especializado. Quienes litigamos en esta materia tenemos razones para pedir que esa afirmación se demuestre. ¿Quién intervino efectivamente en la investigación? ¿Con qué formación y experiencia acredita el perfil que exige la ley? ¿Qué mecanismo garantiza que esa preparación exista también fuera de la capital? La especialización se exige desde el inicio del procedimiento; no empieza cuando una carpeta adquiere gravedad, complejidad o posibilidades de judicialización.

Hace años abordé una pregunta emparentada en «La inaplicación del derecho a la seguridad pública por discriminación grupal», artículo publicado en Alter. Enfoques Críticos. La discusión sobre igualdad estructural de juristas como Gustavo Maurino, Owen Fiss y Roberto Saba ayuda a mirar más allá de las reglas escritas: una institución puede proclamar que ofrece el mismo derecho a todas las personas mientras su forma de operar deja a ciertos grupos en desventaja.

¿Estamos ante una práctica de discriminación indirecta? El informe justificado da motivos para sospecharlo. Su titular describe un criterio para decidir qué carpetas llegan a la unidad central y lo apoya en un artículo que no establece ese reparto. Afirma, a la vez, que en las delegaciones hay personal especializado. Si esa especialización no se acredita en la atención que reciben las personas adolescentes fuera de la capital, la diferencia dejaría de ser una simple cuestión de organización interna. Corresponderá al juez federal determinar si esa práctica vulnera sus derechos y produce una discriminación indirecta.

Desde la Fundación Jair, asociación civil de la que formo parte y que busca la protección integral de adolescentes, iniciamos un litigio estratégico para someter esa práctica a examen judicial. El asunto nació en Villa de Reyes, pero la pregunta alcanza a cualquiera que necesite justicia especializada fuera de la capital. 

Si la Justicia de la Unión confirma esa discriminación, la resolución y las pruebas podrían sustentar un informe al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. México asumió ante la comunidad internacional el compromiso de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes también cuando enfrentan una investigación penal.

Una práctica institucional que los deja sin la protección especializada que les corresponde, merece ser conocida más allá de San Luis Potosí. La batalla judicial apenas empieza.

carloshernandezyabogados@gmail.com