La opacidad también contamina

Cada 5 de junio aparece la misma escena: gobiernos publicando frases verdes, fotos con árboles, infografías con hojas, funcionarios hablando de "conciencia ambiental" y uno que otro mensaje solemne sobre el futuro de las próximas generaciones.

Todo muy bonito. Todo muy verde. Todo muy compartible.

El problema es que el medio ambiente no se defiende con frases de temporada. No se protege con una maceta en la foto oficial. No se salva con discursos de un día ni con campañas que duran lo mismo que una historia de Instagram. El medio ambiente se cuida con decisiones públicas serias, información verificable, presupuesto, participación ciudadana, vigilancia, ciencia, transparencia y voluntad política.

Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente vuelve a recordarnos algo elemental: la crisis climática ya no es una advertencia lejana. San Luis Potosí no está fuera de esa realidad. Al contrario, la vive todos los días.

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Por eso, en este Día Mundial del Medio Ambiente, no basta con decir "cuidemos el planeta". Eso ya lo sabemos. Lo han repetido niñas, niños, jóvenes, maestros, científicos, activistas, colectivos y hasta gobiernos que después hacen exactamente lo contrario.

La pregunta incómoda es otra: ¿quién está obligado a cuidarlo y qué pasa cuando no lo hace?

Porque una cosa es separar la basura en casa, cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes o plantar un árbol. Todo eso importa, claro que importa. Pero otra cosa muy distinta es pretender que la responsabilidad ambiental recaiga únicamente en la ciudadanía, mientras las autoridades se lavan las manos con discursos bonitos y decisiones opacas.

No nos confundamos: la crisis ambiental también es una crisis de gobierno.

Cuando una autoridad permite que se talen árboles sin información suficiente, hay crisis ambiental. Cuando se realizan obras sin explicar sus impactos, hay crisis ambiental. Cuando no existe un sistema confiable para saber qué aire respiramos, hay crisis ambiental. Y cuando se cobra un impuesto ecológico y luego no se informa con claridad cuánto se recauda, cómo se aplica y a dónde va ese dinero, hay algo más grave: hay opacidad ambiental.

Y la opacidad también contamina.

Contamina la confianza pública. Contamina la democracia. Contamina la posibilidad de vigilar al poder. Contamina el derecho ciudadano a saber. Contamina la idea misma de justicia ambiental.

Por eso es tan importante lo que acaba de ocurrir con Cambio de Ruta.

La Justicia Federal volvió a amparar a Cambio de Ruta en un asunto relacionado con la transparencia del Impuesto Sobre Emanaciones Contaminantes, conocido como ISEC. Dicho en sencillo: se trata del impuesto ecológico que cobra el Estado por ciertas emisiones contaminantes. En teoría, un instrumento así debería servir para que quien contamina contribuya a reparar, mitigar o compensar el daño ambiental.

Pero la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve cobrar un impuesto ecológico si la ciudadanía no puede saber con claridad cuánto se recauda, cómo se usa y a dónde va el dinero?

Cambio de Ruta solicitó información. No pidió un favor. No pidió una cortesía. Pidió información pública sobre un tema ambiental. Y cuando la autoridad respondió de forma deficiente, con contestaciones insuficientes, remisiones genéricas y sin atender de fondo lo solicitado, se acudió al juicio de amparo.

La Justicia Federal lo dijo con claridad: la respuesta de la Secretaría de Finanzas y su Unidad de Transparencia fue deficiente. La autoridad debe dejar insubsistente esa respuesta y emitir una nueva, debidamente fundada y motivada.

El ISEC no es cualquier cobro. Es un impuesto que tiene una justificación ambiental. Si el Estado cobra por emanaciones contaminantes, entonces tiene una obligación reforzada de explicar el destino de esos recursos. La ciudadanía tiene derecho a saber si ese dinero se usa para mejorar la calidad del aire, fortalecer el monitoreo ambiental, atender zonas afectadas, proteger la salud pública, impulsar programas de mitigación o si simplemente se pierde en la gran licuadora presupuestal donde todo entra y casi nada se entiende.

Ese es el riesgo de los impuestos verdes mal administrados: convertirse en maquillaje ecológico.

Y sí, hay que decirlo: esto se ha vuelto una costumbre preocupante en el Gobierno de Ricardo Gallardo. La información pública suele tratarse como si fuera propiedad del gobernante, no como un derecho de las personas. Se entrega tarde, incompleta, enredada o después de que un juez federal tiene que recordarles lo que la Constitución ya dice desde hace mucho.

Este Día Mundial del Medio Ambiente debería servirnos para dejar de aplaudir la jardinería oficial y empezar a exigir política ambiental de verdad. 

Delírium trémens.- En el Día Mundial del Medio Ambiente, algunos gobiernos siembran frases, riegan discursos y cosechan aplausos. Pero cuando se les pregunta por el dinero del impuesto ecológico, de pronto se les seca la transparencia. Curiosa sequía: nunca falta agua para la propaganda, pero siempre falta para la rendición de cuentas.

 @luisglozano