Provocación

"Una provocación orquestada con tintes electorales." Así calificó la Sexagésima Cuarta Legislatura de San Luis Potosí, en un posicionamiento colegiado difundido el 13 de septiembre, los disturbios ocurridos dos días antes en el recinto legislativo durante el informe del Congreso. Es una frase corta, en siete palabras, no solo se describe un hecho, lo interpreta, le asigna intención y le atribuye un cálculo político.

Vale la pena analizar cómo se construyó la estrategia discursiva. El 11 de septiembre, un grupo de manifestantes irrumpió en el Congreso durante el informe legislativo. Hubo agresiones verbales contra diputadas y diputados de distintas bancadas, y también contra la dirigente estatal de Morena. Días después, el propio Congreso, a través de un boletín de prensa retomado por medios locales, fue más allá del posicionamiento oficial y señaló que los manifestantes corearon consignas a favor del aspirante del PT a la gubernatura, calificando lo ocurrido como "golpeteo y propaganda" y como "un intento sistemático de desestabilización institucional". 

Analicemos el instrumento: la palabra "orquestada" presupone dirección, planeación y un director. No dice "hubo protesta que se salió de control" ni "hubo agresiones que tenemos que investigar"; dice que hubo un guion, alguien que dio la señal. El adjetivo "electorales" tiene un significado aún más específico: traslada el conflicto del terreno de la seguridad al de la competencia por la gubernatura de 2027. Es una operación de atribución causal que ocurre antes de cualquier peritaje o resolución judicial. El Congreso se convierte, en el mismo acto, en víctima de los hechos y en fiscal que ya tiene un sospechoso.

Esto no significa que la versión del Congreso sea falsa. Las consignas a favor del candidato del PT, si en efecto se corearon como se afirma, son un dato relevante y quizá sugerente. El problema no es que el Congreso señale un posible vínculo político; es el salto retórico entre "los manifestantes mencionaron a un candidato" y "esto fue una provocación orquestada". Entre esos dos enunciados falta la evidencia que los conecte, y esa evidencia, hasta ahora, no se ha hecho pública.

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Lo que sí conviene observar es la función institucional de la frase. Al calificar la protesta como "provocación orquestada" en lugar de: "manifestación que derivó en violencia", el Congreso logra dos cosas a la vez: deslegitima cualquier reclamo de fondo que los manifestantes pudieran tener -porque una "provocación" no exige respuesta, solo represión- y blinda a la propia institución de la pregunta más incómoda: ¿por qué el Congreso no logró garantizar condiciones de seguridad durante su propio informe? Ese silencio es, quizás, el recurso discursivo más revelador de todos: la frase no dice nada sobre la capacidad de la Mesa Directiva para prevenir el incidente. 

El Congreso anunció que "iniciará las acciones legales pertinentes para sancionar las conductas que correspondan", una fórmula que suena a debido proceso pero que, en los hechos, coloca al propio Poder Legislativo como parte acusadora en un conflicto donde también es parte afectada. Esa doble función -juez y parte- no es ilegal, pero sí plantea una tensión legítima sobre la imparcialidad del proceso, sobre todo si se considera que la abogada de los manifestantes ya respondió con la amenaza espejo de litigar contra cada diputado firmante del comunicado.

¿Por qué debería importarle esto a un lector que no sigue de cerca la política? Porque el lenguaje que usan las instituciones para describir los conflictos que las involucran directamente moldea qué preguntas hacemos después. Si aceptamos sin más que se trató de una "provocación orquestada", dejamos de preguntar si el Congreso pudo haber prevenido el incidente, y empezamos a preguntar solamente quién debe ser castigado. El encuadre no es neutral: decide, de entrada, cuál es el problema que merece atención pública.

Antes de aceptar cualquiera de las dos versiones en disputa, hay dos datos que deberían verificarse. Primero, si existe evidencia documental -grabaciones, testimonios no partidistas- que confirme el vínculo directo entre los manifestantes con el candidato del PT, más allá de las consignas coreadas, que por sí solas no prueban autoría ni instrucción de nadie. Segundo, si el propio Congreso ha revisado o modificado sus protocolos de seguridad tras el incidente, o si el episodio se cerrará únicamente con denuncias cruzadas sin ninguna autocrítica institucional sobre lo que falló ese día en el recinto.

En resumen: mientras no se verifiquen los hechos, la frase "provocación orquestada con tintes electorales" seguirá funcionando para lo que fue diseñada: no una descripción neutral de los hechos, sino una narrativa que convierte al Congreso en víctima, a un candidato en villano y a la propia institución en la única autoridad moral capaz de juzgar lo ocurrido. En la antesala de una elección, ese tipo de lenguaje no es un detalle menor: es, probablemente, el primer episodio de una campaña que ya empezó, aunque todavía nadie la haya declarado oficialmente abierta. Próxima colaboración: 07 de octubre de 2026.

@jszslp