Fincas en riesgo rebasan conteo oficial en el Centro Histórico

Mientras asociaciones del Centro Histórico advierten sobre cientos de fincas en riesgo, las cifras oficiales solo reflejan una parte del problema. La diferencia entre ambos registros expone la dimensión del deterioro que enfrentan los inmuebles del primer cuadro de San Luis Potosí y las limitaciones para atenderlo de manera integral.

La presidenta de la asociación Nuestro Centro, Mónica Heredia, estimó que alrededor de 700 fincas del Centro Histórico presentan algún nivel de riesgo. Señaló que esta situación, sumada a problemas como el grafiti, afecta directamente a los comercios y a la imagen urbana, y sostuvo que la atención del deterioro debe ser una responsabilidad compartida entre autoridades y propietarios de los inmuebles.

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Heredia explicó que, en el caso del grafiti, se trata de una problemática persistente que continúa deteriorando el entorno del Centro Histórico. Indicó que incluso han sido los propios vecinos quienes han aportado información para la identificación y detención de las personas responsables, y mencionó que lo que se solicita es la reparación del daño por parte de quienes realizan estas acciones, y no que la autoridad absorba los costos.

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En contraste, la Coordinación Municipal de Protección Civil recientemente dio a conocer que se tiene identificadas 30 fincas acordonadas en el Centro Histórico debido a un riesgo estructural mayor de caída, de las cuales 15 ya cuentan con dictámenes que confirman el peligro de colapso, de acuerdo con su titular, Alejandro Polanco Acosta. El funcionario reconoció que en los últimos meses se ha incrementado el número de reportes relacionados con inmuebles desocupados y en deterioro.

Protección Civil explicó que una vez detectado un inmueble con riesgo se debe notificar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y dar seguimiento en coordinación con otras áreas; sin embargo, la intervención directa es limitada, ya que la mayoría de estos inmuebles son propiedades privadas y, en muchos casos, sus propietarios no son localizables, lo que dificulta ampliar el registro oficial y atender la totalidad de los casos señalados por organizaciones civiles.