Congreso opaco Error legal
El Congreso del Estado está cayendo en maniobras muy lamentables y cínicas para lanzarse el autoelogio de transparentes.
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Con antecedentes terribles de opacidad, pasadas legislaturas potosinas hicieron difícil pensar que podrían verse cosas peores, pero la LXIV ha dado muestras fehacientes de que el fondo estaba lejos de alcanzarse.
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Casi desde que inició el trienio, organizaciones civiles como Ciudadanos Observando o Congreso Calificado y diversos medios de comunicación han venido advirtiendo que los actuales diputados regresaron a la Legislatura a los oscuros tiempos en los que la transparencia estaba muy lejos de ser una prioridad.
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Durante meses, el Congreso incumplió con sus obligaciones de transparencia, ocultando los cheques emitidos, las percepciones de personal, las actas de la Junta de Coordinación Política y otra información relevante.
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En ese lapso, los legisladores, con cinismo y mentiras, fueron refractarios a las críticas y señalamientos. Hasta que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), ya en su ocaso, empezó a recordar para qué servía y, de manera tímida lanzó amagos de sancionar a los entes opacos, como el Concejo de Pozos y el Congreso.
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Precisamente el día en el que la comisión aventuró esa posibilidad, algunos legisladores salieron a hablar del tema. La presidenta de la directiva, la priista Sara Rocha, presumió un 93% de eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
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Mientras que Marco Gama, en entrevista radiofónica, acusó a Ciudadanos Observando y a Congreso Calificado de acusar, sin pruebas, de opaco al Legislativo.
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Presumió también el reporte del 93 por ciento, pero la fuente del documento, era de la propia Unidad de Transparencia del propio Congreso, es decir, la parte siendo juez.
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El dato, sin embargo, no concuerda con el optimismo legislativo. En el rubro de cumplimiento cuantitativo de la presentación de la información, el mes de agosto registra apenas un 76.42 por ciento. Mientras que el promedio de los ocho meses reportados, es de 90.3 por ciento, apenas por encima del mínimo exigido por la comisión.
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Ciudadanos Observando exhibió los asegunes de estas conductas exculpatorias al señalar el gran detalle de que buena parte de la información oculta fue actualizada, convenientemente, el 17 de septiembre, es decir, un día antes de las declaraciones triunfalistas.
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Por su parte, Congreso Calificado anunció que no publicaría su evaluación rutinaria del desempeño de los diputados por graves deficiencias de opacidad, que les impedía acceder a la materia prima con la que elaboran sus evaluaciones: la información legislativa.
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Por más pretextos que se ofrezcan, la postura anti transparencia de esta Legislatura es evidente, y no se va a remediar con declaraciones, sino con acciones concretas, que se reflejen en la presentación completa y en tiempo, de la información pública que genera el Congreso.
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No han sido días buenos para José Luis Ruiz Contreras. A su destitución como magistrado electo, se le sumó una multa por anomalías en sus gastos de campaña. Para mayor desdoro, su defensa ante la sanción naufragó por errores de novato en la presentación del recurso de defensa: por la vía incorrecta y sin firmas.
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