Exigen combatir a "Los Ardillos"
Desplazados de comunidades de Chilapa acusan ser víctimas de ataques del grupo criminal

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Chilpancingo, Gro.- Unos 500 pobladores de 12 comunidades nahuas de Chilapa, aglutinadas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y en el Consejo Indígena Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (Cipog-EZ), exigieron al gobierno federal que desmantele a la organización criminal "Los Ardillos", que investigue a la alcaldesa de Chilapa, la priista Mercedes Carballo Chino por su presuntos vínculos con el crimen y que libere a su líder, Jesús Plácido Galindo, preso en el penal de Altiplano.
Los pobladores se reunieron en la comunidad de Alcozacán para denunciar que a tres meses de que Los Ardillos los atacaron ni el gobierno federal ni el estado ha detenido a sus líderes ni los ataques. Eso, ha impedido que muchos de los pobladores puedan retornar a sus pueblos.
Del 6 al 11 de mayo, Los Ardillos atacaron a los pobladores de las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán. Los criminales cercaron los pueblos, luego entraron y quemaron casas, cortaron la energía eléctrica y la telefonía. Les dispararon desde los cerros y les lanzaron explosivos desde drones artillados.
Los pobladores hicieron lo que pudieron: niñas, niños, mujeres y adultos mayores salieron huyendo hacia Alcozacán. Tomaron lo que pudieron y salieron corriendo con las balas detrás. El saldo de ese ataque: 800 personas desplazadas y 12 asesinadas.
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En este último capítulo, Plácido Galindo fue la cara visible que denunció los ataques e hizo acusaciones directas. Dijo que la alcaldesa de Chilapa protege a Los Ardillos porque es cuñada del líder, Celso Ortega Jiménez. Pidieron que la investigaran.
A inicios de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le bloqueó sus cuentas.
Por otra parte, la fiscalía lo acusó de homicidio agravado y de estar vinculado a la organización criminal "Los Rojos, Cártel de la Sierra o Los Tlacos".
El Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, quien defiende legalmente a Plácido Galindo, ha denunciado que la acusación es una fabricación de la fiscalía para criminalizar la lucha social.
Este viernes en Alcozacán, los integrantes de la CRAC-PF y del Cipog-EZ pidieron al gobierno que detengan los ataques en su contra, explicaron que lo único que han hecho en la última década es resistir a Los Ardillos.
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