Pierden el miedo; siguen buscando

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Liliana Pérez, madre buscadora, señala a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), y a agentes de la Fiscalía General de Chiapas, en la desaparición de sus hijos Emmanuel Nanga Pérez, militar activo, y Mario Valentín, quienes desaparecieron hace dos años y ocho meses en la colonia Salvador Urbina, en Chiapa de Corzo, ubicado a unos 30 kilómetros al oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Emmanuel, quien en ese momento tenía 20 años, era militar activo en el batallón del campo uno en Ciudad de México; su hermano Mario Valentín, a sus 16 años, cursaba el segundo semestre en el colegio de bachilleres. A más de dos años y medio, la familia de los jóvenes no sabe el motivo de la desaparición.

Grupos, colectivos y familias buscadoras de Chiapas advierten que la crisis de violencia e impunidad mantiene desaparecidas, hasta agosto, de 2 mil a 3 mil personas en esta entidad.

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, existen más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas en México y 2 mil en Chiapas.

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En agosto pasado,Tapachula registraba 273 personas desaparecidas y no localizadas; Tuxtla Gutiérrez, 251; Frontera Comalapa, 126, y Comitán de Domínguez, 107. Son 757 personas solamente en cuatro municipios, aproximadamente el 38% del total estatal.

Otro desaparecido fue el conductor de tráiler Manuel Hernández Domínguez, quien fue hallado muerto el 18 de octubre de 2025. Desapareció la madrugada del 3 de junio de ese año, cuando viajaba en un Didi a su trabajo en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

Su madre María Edith Domínguez dijo que el mismo día de la desaparición levantó la denuncia y empezó la búsqueda, que concluyó con el hallazgo del cuerpo 136 días después; ahora pide justicia.

Como integrante de la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, María Edith afirmó que en la búsqueda de los hijos han encontrado indicios en ranchos donde no pueden entrar porque la Fiscalía General "nos dice que son ranchos judicializados y lugares donde hay mucha violencia, donde el crimen organizado está presente".

Lo cierto es que eso es un argumento que ellas no respetan y no porque sean valientes. "Tenemos miedo, pero también está la necesidad de buscar a aquellos que todavía no regresan a casa, y hay madres que están sufriendo", resaltó la mujer.