Diputado Ramírez Cuéllar pide a Taddei asumir responsabilidad jurídica

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que, ante las acusaciones de corrupción, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, debe asumir su responsabilidad jurídica y política.

Acciones de la autoridad

A través de un comunicado, el legislador morenista agregó que este cargo puede cubrirse a partir de la ley. "La renuncia es un acto personal. Pero la responsabilidad institucional es ir a fondo en las investigaciones. La Constitución (Política de los Estados Unidos Mexicanos) y la ley establecen el procedimiento", comentó.

A pesar de que durante una reunión en línea con las y los demás consejeros electorales, la consejera presidenta anunció que permanecerá en dicho cargo, Ramírez Cuéllar considera que, en caso de que presente su renuncia, es urgente nombrar a otra persona con el proceso electoral 2026-2027 en marcha.

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"Faltan 225 días para la elección y la institución responsable no puede quedar al garete, sin una cabeza que la conduzca con probidad", dijo.

¿Qué declararon sobre la responsabilidad legal de Taddei?

Aseguró que después de los señalamientos dados a conocer por diferentes medios de comunicación, una renuncia de su parte "será, en todo caso, un acto insuficiente. En caso de responsabilidad debe caer todo el peso de la ley".

Consejera presidenta, sujeta a juicio político

De acuerdo con los artículos 109, fracción I, y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Consejería General del Instituto Nacional Electoral se encuentra entre los cargos que pueden ser sujetos de juicio político.

La denuncia correspondiente debe presentarse ante la Cámara de Diputados y es la Subcomisión de Examen Previo la encargada de analizar si la persona denunciada está sujeta a dicho procedimiento y si existen elementos suficientes con el objetivo de darle trámite.

De forma específica, el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos contempla como causas para ese procedimiento las infracciones a la Carta Magna o a las leyes federales que ocasionen perjuicios graves o alteren el funcionamiento normal de las instituciones; las omisiones graves en esos términos, y las violaciones sistemáticas o graves a las normas acerca de planes, programas, presupuestos y manejo de recursos públicos federales.

Corresponde al Congreso de la Unión valorar la existencia y gravedad de los actos u omisiones y, si la resolución es condenatoria, la ley prevé la destitución y la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos.