Descarbonizar es cambiar de ruta

Hay palabras que, de tanto repetirse, terminan convertidas en coartadas. Sustentabilidad, transición energética y descarbonización suenan bien. El problema comienza cuando regresamos a ciudades que talan árboles, privilegian el automóvil, desperdician energía, respiran aire contaminado y autorizan obras sin preguntarse cuánto carbono producirán ni qué territorio destruirán.

En el XXIII Congreso Internacional de ICLEI, celebrado en San Luis Potosí, participé, como director de Cambio de Ruta, en el panel "Hacia la descarbonización energética". Mi intervención partió de una premisa sencilla, pero incómoda: sin medición, legalidad y justicia climática no existe una transición real.

Descarbonizar no consiste sólo en instalar paneles solares o sustituir una fuente de energía por otra. Significa transformar cómo construimos, nos transportamos, iluminamos las calles, bombeamos el agua, manejamos los residuos y ocupamos el territorio. Exige revisar cada decisión pública que aumenta o reduce nuestras emisiones.

El primer requisito es medir. Ninguna ciudad puede reducir lo que desconoce. Necesitamos inventarios actualizados de emisiones, diagnósticos de consumo energético, información confiable sobre calidad del aire y metas públicas para saber de dónde partimos y cuánto avanzamos. Lo que no se mide no se gobierna; y lo que se oculta suele convertirse en propaganda.

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El segundo requisito es la legalidad. En San Luis Potosí, el artículo 15 de la Constitución local reconoce el derecho de todas las personas al aprovechamiento de fuentes renovables de energía. Esa disposición, incorporada mediante el Decreto 0838 y promovida desde Cambio de Ruta, no fue escrita para adornar la Constitución. Impone al Estado convertir ese derecho en leyes, políticas, presupuesto y posibilidades reales de acceso.

A ello se suma el Acuerdo de Escazú: información accesible, participación efectiva, acceso a la justicia y protección para quienes defienden el ambiente. La transición energética no puede diseñarse en oficinas cerradas, imponerse a las comunidades ni justificar nuevos despojos. Si sus costos recaen en quienes menos tienen y sus beneficios se concentran en unos cuantos, será transición tecnológica, pero no justicia climática.

Por eso propuse un Acuerdo Metropolitano de Descarbonización con Justicia Climática 2035, construido alrededor de seis verbos que deben convertirse en obligaciones.

Medir: inventarios actualizados de emisiones, energía y calidad del aire. Reducir: intervenir edificios, alumbrado, bombeo, movilidad y residuos. Proteger: conservar árboles, parques, agua, suelo y sumideros naturales. Evaluar: exigir que toda obra pública acredite compatibilidad climática. Transparentar: publicar metas, presupuesto, responsables y resultados. Incluir: garantizar transición justa, participación ciudadana y derechos humanos.

También planteé reconocer la emergencia climática como prioridad transversal del Estado. No como otra declaratoria solemne destinada al archivo, sino como criterio obligatorio para decidir sobre presupuesto, territorio, movilidad, agua, salud, protección civil, educación, economía, energía y justicia. No basta mitigar emisiones: debemos adaptarnos a los impactos inevitables y atender las pérdidas y daños que ya sufren personas y ecosistemas.

Una emergencia verdadera cambia prioridades. Obliga a preguntar, antes de gastar un peso o autorizar una obra, si esa decisión reduce vulnerabilidades o las agrava. También impide presentar como "desarrollo" cualquier proyecto que destruya arbolado, degrade el suelo, comprometa el agua o incremente emisiones. No todo crecimiento es progreso; a veces sólo es deterioro con publicidad oficial.

La descarbonización tampoco puede quedarse en el horizonte cómodo de 2050. A los gobiernos les encanta hablar del futuro porque el futuro no les exige cuentas hoy. Pero la crisis climática tiene sentido del ahora: se manifiesta en sequías, calor extremo, incendios, inundaciones, enfermedades y mala calidad del aire. Cada administración debe asumir metas verificables dentro de su periodo y responder por su incumplimiento.

San Luis Potosí cuenta con academia, sociedad civil, capacidad técnica y un marco constitucional para convertirse en referente climático. Lo que falta no es otro diagnóstico ni otro discurso verde. Falta voluntad para transformar promesas en decisiones y decisiones en obligaciones exigibles.

Descarbonizar es cambiar de ruta: abandonar la simulación, medir con seriedad, gobernar con evidencia, escuchar a la ciudadanía y aceptar que la política climática también debe producir consecuencias jurídicas.

No necesitamos más metas decorativas. Necesitamos datos, plazos, presupuesto, responsables y consecuencias.

Delírium trémens.— Que no se equivoque el gobernador: cualquier expresión discriminatoria contra Giovanna Argüelles debe rechazarse. Pero nuestra exigencia no tiene relación con que sea mujer o viva con una discapacidad motriz. Se le cuestiona por sus omisiones, por la atención desigual de los expedientes y porque las víctimas han perdido la confianza en quien debía protegerlas. Confundir rendición de cuentas con discriminación es una maniobra para no discutir resultados. Cuando una ombudsperson pierde la confianza de las víctimas, pierde también su autoridad moral y debe hacerse a un lado. La inclusión no concede impunidad ni el género sustituye la eficacia. Y que el gobernador defienda con tanto entusiasmo a quien debe funcionar como contrapeso de su gobierno no despeja las dudas: las agrava. 

@luisglozano