La censura por la puerta trasera

Las democracias casi nunca pierden la libertad de expresión de un solo golpe. No suele aparecer un decreto que anuncie, sin rodeos, que a partir de mañana queda prohibido criticar al gobierno. El proceso es mucho más sofisticado. Comienza con una regulación aparentemente técnica, continúa con conceptos jurídicos ambiguos, incorpora un órgano administrativo cada vez más dependiente del poder político y termina produciendo un fenómeno mucho más eficaz que la censura directa: la autocensura.

Steven Levitsky y Lucan Way explican que los regímenes híbridos del siglo XXI ya no necesitan clausurar periódicos como ocurría en las viejas dictaduras. Les basta utilizar las instituciones para inclinar gradualmente el terreno de juego. El objetivo no es eliminar formalmente la libertad; es volverla suficientemente costosa para que cada vez menos ciudadanos, periodistas y medios decidan ejercerla.

Bajo esa lógica deben analizarse los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias impulsados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Esos lineamientos son la puerta trasera por donde administrativamente el gobierno de Morena pretende introducir la censura oficial contra los medios.

Nadie discute que los medios deban actuar con responsabilidad ni que las audiencias merezcan mecanismos de protección. El problema comienza cuando el Estado deja de regular las condiciones generales del servicio y empieza a aproximarse al contenido mismo de la comunicación. ¿Qué significa informar con suficiente veracidad? ¿Quién determina cuándo una opinión fue presentada como información? ¿Qué autoridad decidirá si una cobertura fue suficientemente plural? ¿Con qué criterios? ¿Y bajo qué controles?

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Friedrich Hayek advertía que una de las mayores amenazas para la libertad no era solamente el abuso del poder, sino la discrecionalidad del poder. Cuando las reglas dejan de ser objetivas y comienzan a depender del juicio de la autoridad, la certeza jurídica empieza a desaparecer y la libertad se vuelve una concesión revocable.

Eso es precisamente lo que preocupa. La experiencia comparada ofrece lecciones difíciles de ignorar. En Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación fue presentada como un instrumento para democratizar los medios y proteger a las audiencias. Poco tiempo después aparecieron órganos sancionadores, conceptos abiertos y procedimientos administrativos que incentivaron la autocensura. Años más tarde, buena parte de ese modelo tuvo que ser desmontado.

En Venezuela el proceso fue todavía más claro. Primero se ampliaron gradualmente las facultades regulatorias de Conatel. Después llegaron sanciones administrativas y nuevas herramientas de supervisión. Finalmente, en 2007, el gobierno de Hugo Chávez decidió no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV), uno de los canales más antiguos y críticos del país. No fue necesario prohibir la crítica por decreto. Bastó utilizar una facultad administrativa sobre una concesión pública. Ninguno de esos procesos comenzó cerrando medios. Todos comenzaron ampliando la discrecionalidad del Estado.

El verdadero riesgo entonces es abrir una puerta institucional que otros países abrieron antes y que después fue extraordinariamente difícil cerrar. Y eso sí está pasando hoy y ahora. Porque las democracias no pierden la libertad de expresión el día que desaparece el último medio crítico. Empiezan a perderla el día que el poder adquiere las herramientas para disuadir a los medios que es mejor callar para seguir existiendo.

(Senador de la República)