San Luis Potosí y el costo de la soberbia política

"No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflictoi"

Fito Páez

En política, equivocarse no suele ser el problema mayor. El verdadero problema aparece cuando el poder toma decisiones que, en el nombre de atender un mal menor, causa un problema mayor. 

Eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en San Luis Potosí con la llamada "Ley Serrano". Lo que comenzó envuelto en una narrativa aparentemente técnica y pertinente -la necesidad de regular los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial- terminó por exhibirse como algo mucho más primitivo: una reacción política frente a la incomodidad de la crítica, y los contenidos digitales adversos. Alguien no supo procesar con oficio político.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La discusión, en realidad, nunca estuvo en la tecnología. La inteligencia artificial fue apenas el empaque moderno de una vieja tentación autoritaria: utilizar la ley para disciplinar el debate público y enviar un mensaje a quienes se atreven a incomodar con la crítica. Bajo el pretexto de combatir la manipulación digital, se abrió la puerta a una reforma vaga, expansiva y peligrosamente disponible para inhibir la libertad de expresión. Otorgando el beneficio de la duda, es posible que inicialmente la reforma no haya sido concebida de esa manera, pero con honestidad intelectual le digo que hoy está siendo percibida de esa manera.

El origen político de esta historia es conocido. La torpe manipulación y difusión de videos y contenidos digitales fabricados en donde se calumnia al Gobernador detonó una reacción que pudo haberse atendido por vías institucionales: comunicación estratégica, investigaciones serias o, incluso, la simple eficacia de desmentir con hechos. Pero alguien eligió otro camino. Se prefirió un recurso más tosco y menos democrático: endurecer el aparato penal.

Ahí se revela la falta de pericia política. Porque cuando un gobierno responde a la crítica con una camisa de fuerza legal, comete un error elemental de cálculo. Convierte un problema de comunicación en una causa pública. Transforma a sus críticos en víctimas posibles -que, dicho sea de paso, les encanta-. Y, en el peor de los casos, coloca a periodistas, comunicadores y ciudadanos en el centro de una narrativa nacional e internacional sobre censura.

El resultado está a la vista. San Luis Potosí no ocupa hoy espacios relevantes en la conversación pública por sus avances en infraestructura, desarrollo económico, o política social. Aparece asociado a detenciones de comunicadores, denuncias de funcionarios contra ciudadanos, protestas frente al Congreso local y pronunciamientos de organismos defensores de derechos humanos. Es decir, por todo aquello que una administración con mínima sensibilidad política habría procurado evitar.

La paradoja es un chiste que se cuenta solo. Una ley presentada como instrumento para proteger la verdad pública frente a la manipulación digital terminó convertida en símbolo de desconfianza frente al poder. Una reforma que pretendía proyectar modernidad puso en bandeja de plata a quienes hoy han logrado presentarla como algo que huele a reflejo punitivo. Y quien pensaba controlar el daño terminó amplificándolo hasta convertirlo en un problema nacional.

No es cosa menor que organizaciones defensoras de la libertad de expresión hayan advertido el efecto inhibitorio de este tipo de normas. Cuando la ciudadanía percibe que una publicación, una crítica, una sátira, un video o una denuncia pueden derivar en consecuencias penales, el debate público se empobrece.

La pregunta, entonces, ya no es si debe regularse el uso indebido de tecnologías digitales. Esa discusión es legítima y necesaria. La pregunta es si puede aceptarse que, bajo ese pretexto, se diseñen instrumentos jurídicos capaces de castigar expresiones incómodas para quienes gobiernan. Eso es lo que se está señalando.

La respuesta tendría que ser obvia en cualquier régimen democrático: no.

El costo de la soberbia suele pagarse tarde, pero se acumula pronto. En este caso, ya comenzó a pagarse en reputación pública, en un completamente innecesario desgaste institucional y en una pérdida notoria de confianza. Porque el mensaje que deja esta reforma es preocupante: el poder no quiere regular el futuro tecnológico; sino blindarse ante el presente crítico.

San Luis Potosí corre el riesgo de quedar registrado no como una entidad que entendió los desafíos de la era digital, sino como el estado que utilizó el debate de la inteligencia artificial como coartada para ensayar nuevas formas de censura.

Y esa es quizá la lección más amarga: cuando el poder decide perseguir en lugar de explicar, castigar en lugar de demostrar y legislar desde el agravio en lugar de hacerlo desde la razón pública, no fortalece su autoridad. La reduce. La exhibe. La vuelve pequeña.

La caminera

Banxico reportó ocho incidentes cibernéticos en instituciones financieras hasta mayo de 2026, el doble de los cuatro registrados durante todo 2025. Fueron ataques contra distintas entidades del sistema financiero y, aunque no habrían generado afectaciones económicas a clientes, sí muestran una aceleración del riesgo operativo. ¿Estamos hablando de riesgos digitales, no?.