Urge ley que proteja a maestros ante denuncias: diputado
Crisógono Pérez López señaló que sigue inquietud entre el personal educativo
Crisógono Pérez López / Foto: Pulso
Acusaciones sin sustento, procesos administrativos desproporcionados y hasta encarcelamientos indebidos forman parte del escenario que enfrenta el personal educativo en San Luis Potosí, mientras sigue sin promulgarse la Ley para la Protección de la Integridad, Derechos y Estabilidad Laboral del Personal Educativo del Estado, reconoció el diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.
El legislador explicó que la falta de esta legislación ha generado inquietud constante entre maestras y maestros, quienes le preguntan de manera recurrente sobre el avance de la ley y qué hacer ante señalamientos en su contra.
Señaló que en las escuelas se presentan con frecuencia denuncias por presuntos daños a menores que no siempre son reales, pero que escalan a otras instancias sin que exista un resultado legal claro, afectando la honra y estabilidad laboral del personal educativo.
Pérez López admitió que no se cuenta con estadísticas precisas sobre el número de casos, aunque durante esta semana, al menos tres personas acudieron a él para solicitar orientación.
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Aclaró que la ley aún no es aplicable porque no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, un trámite que corresponde al Ejecutivo, y aunque no hay fecha definida para ello, sostuvo que existe urgencia para que pueda entrar en vigor.
El diputado advirtió que algunas acusaciones han derivado en situaciones graves, incluyendo casos de docentes encarcelados de manera indebida, aunque precisó que no se trata de una práctica generalizada.
Recordó que, de acuerdo con información previa del secretario del ramo, existen alrededor de 30 casos en proceso, de los cuales normalmente solo dos o tres llegan a proceder, ya que la mayoría se originan en malos entendidos, como elevar la voz en el aula o llamados de atención que se interpretan como agresiones.
Finalmente, señaló que la iniciativa busca establecer límites claros para evitar la impunidad, tanto en denuncias falsas como en conductas indebidas del personal educativo, y subrayó que la protección de niñas y niños debe seguir siendo el eje central.
Recordó que la ley fue presentada en octubre pasado como una propuesta nueva, integrada por 31 artículos, que contempla la presunción de inocencia, el debido proceso y el respaldo jurídico y psicológico gratuito para el magisterio.
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