Parir tras las rejas

Los centros de privación de libertad en México no están hechos para mujeres, menos aún para madres; la violencia obstétrica dentro del sistema penitenciario refleja la forma en que el Estado castiga doblemente a las mujeres: por cometer un delito y por dejar de ser "buenas mujeres".

La prisión como castigo y dispositivo de género

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2024 (Enpol), al cierre de 2023 había 233 mil 173 personas privadas de la libertad, de las cuales 13 mil 291 eran mujeres. En San Luis Potosí, durante 2024 y hasta mayo de 2025, ingresaron a la prisión de La Pila 608 mujeres, de las cuales 324 siguen en reclusión.

Estas mujeres no solo se enfrentan a las innumerables fallas del sistema penitenciario, sino también a una serie de violencias sistemáticas y estructurales que las condena doblemente: por cometer un delito y por ser mujeres.

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Violencias sistemáticas: tortura y discriminación

Las paredes de los centros de privación de libertad, a menudo invisibles para la sociedad, guardan realidades brutales. Un reflejo de esta situación se encuentra en el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra Mujeres Privadas de Libertad en México de 2022, el estudio revela que una de cada cuatro mujeres se siente insegura dentro del centro. La razón es alarmante: el 43.82% de las entrevistadas fueron sometidas a actos de tortura de naturaleza sexual con fines de humillación y castigo, mientras que un 23.59% sufrió tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El estudio también señala que al menos una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún delito durante su reclusión, y el 70% ha reportado discriminación por el tipo de delito cometido o su situación económica. Por su parte, la CNDH ha detectado la existencia de prostitución dentro de las prisiones, tanto de mujeres como mixtos.

La doble condena: ser mujer en reclusión

Las mujeres enfrentan una doble conden, que implica una recriminización , ya que no solo son juzgadas por el delito que cometieron, sino que el sistema refuerza la idea de que son mujeres "criminales". 

La activista Denisse Rentería, asegura que "las mujeres son doblemente castigadas: por cometer un delito y por dejar de ser buenas mujeres, porque la sociedad no concibe a las mujeres como perfiles criminales, y cuando lo son, se les impone un castigo ejemplar, porque son consideradas las peores mujeres del mundo, ya que no solo transgreden la ley, sino las expectativas de género".

Un claro ejemplo de ello es que según la Enpol el 11.5% de las mujeres en prisión enfrentan sentencias de 50 o más años, mientras que, en el caso de los hombres, únicamente el 5.5% tienen ese tipo de sentencias.

Un sistema masculinizado 

Son pocas las mujeres que reciben una valoración médica al ingreso y la gran mayoría no tienen exámenes periódicos.

Esta deficiencia ocurre debido a que los centros de privación de libertad en México están masculinizados. La revisión de la literatura y los datos estadísticos revelan la falta de adecuación de los centros para atender las necesidades específicas de las mujeres.

En México, solo existen 22 centros femeninos locales, los cuales albergan al 50% de las mujeres privadas de la libertad; el resto se encuentra en centros mixtos, y 13 de los 32 estados no cuentan con centros femeninos.

La activista Denisse Rentería, de Algaraza AC, señala que "las prisiones no están diseñadas para mujeres; los espacios y las dinámicas no tienen un enfoque de género adecuado y carecen de áreas especializadas que garanticen una estancia digna y segura para ellas y sus hijos".

Esta concepción masculinizada de la prisión se agrava al pensar en la salud de las mujeres, específicamente la sexual y reproductiva; al respecto, la periodista Marcela del Muro señala que esta situación cobra dimensiones particulares en centros de privación de libertad como el de Xolol.

"Es muy, muy difícil y degradante, equiparable a una forma de tortura; la imposibilidad de mantener una higiene básica en un entorno sin puertas en los baños, con escasez de agua y plagas, es una constante agresión a la dignidad", afirma.

El cuerpo como campo de castigo: la violencia obstétrica

La violencia obstétrica es la desapropiación del proceso de embarazo y parto de una mujer; esto implica no considerar sus deseos, negarle información y, en casos extremos, llevar a la muerte de la madre o del bebé; en el contexto carcelario, esta violencia puede escalar al nivel de tortura, ya que las condiciones de encierro exacerban las vulnerabilidades de las mujeres, señala la doctora y académica Yesica Rangel.

En su experiencia de trabajo con mujeres privadas de la libertad, dice que en el caso de las mujeres en prisión, esta violencia cobra tintes de tortura, ya que las condiciones de deshumanización a las que son sujetas las coloca en un mayor grado de vulnerabilidad que las exponen a mayores riesgos y a la negación de sus derechos básicos.

Manifestaciones y alcance de la violencia obstétrica en prisión

Las mujeres en prisión, además de las formas habituales de violencia obstétrica, sufren también estigma y discriminación por parte del personal de salud que las ve como "mujeres malas".

Otras formas de violencia obstétrica que enfrentan son la separación temprana de sus hijas e hijos, lo que conlleva dificultades con la lactancia materna; también enfrentan la "esclavitud en el parto" ya que muchas mujeres son esposadas durante este proceso, lo que es una práctica inhumana y degradante que ignora la vulnerabilidad física de una mujer en el trabajo de parto.

 Historias de resistencia: voces desde el encierro

Las cifras y los análisis contextualizan la cruda realidad, pero son los testimonios de vida los que revelan la magnitud de la doble condena y la violencia obstétrica que enfrentan las mujeres en prisión. Sanjuana y Jimena son dos de las muchas voces que resuenan desde las celdas, compartiendo experiencias que exponen las profundas fallas del sistema.

Sanjuana

Durante los 15 años que estuvo en prisión, Sanjuana pisó cuatro cárceles estatales, dos de ellas a kilómetros de su casa, lo que hizo que las visitas fueran escasas; fue en el penal de Ciudad Valles donde conoció al hombre que aún es su esposo.

Se embarazó estando en prisión; el motivo no importaba, era su derecho, pero ella comparte que lo hizo porque pensó que nunca saldría de ese lugar y quería ser madre; relata que, en un inicio, poder enterarse de que estaba embarazada fue complicado, ya que las pruebas de embarazo no son fáciles de conseguir, y menos aún es solicitarlas al servicio médico, pues formar una familia no es un derecho que se respeta en ese contexto.

Después de un embarazo con escasas revisiones médicas y, sobre todo, con la constante pregunta en cada una de ellas —"¿por qué se embarazó?"—, llevó a término su primer embarazo.

Durante su larga estancia en prisión, Sanjuana experimentó la maternidad en condiciones extremadamente difíciles; se convirtió en madre de dos niños: David, nacido en 2017, y Juanito en 2022. David nació mientras ella estaba recluida en el Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, y al cumplir los tres años quedó al cuidado de su suegra; Juanito, el pequeño, nació en La Pila, y ahí estuvo con ella hasta que la trasladaron a Xolol; debido a las condiciones de ese penal, decidió que no era un lugar para su hijo y lo dejó al cuidado de su madre.

Esta vivencia resalta la doble condena que enfrentan muchas mujeres en prisión, lidiando con la crianza en un entorno hostil y sin los recursos adecuados, lo que convierte la maternidad en sí misma en un castigo adicional.

Jimena

La vida de Jimena dio un giro brutal cuando, a sus 19 años y con seis meses de embarazo de su segundo hijo, fue detenida y sentenciada a 7 años y seis meses de prisión por robo a mano armada; la acusación surgió por haber acompañado a su pareja en una motocicleta durante el asalto que él perpetró, a pesar de que ella asegura haber sido obligada a ir con él y vivir una relación abusiva y violenta.

Su calvario se intensificó al dar a luz tras las rejas; Jimena parió a su hija en la cárcel, en condiciones inhumanas: esposada a la camilla, bajo la constante vigilancia de la custodia, sin que la dejaran sola un momento y sin acceso a alimentos ni bebidas. Este testimonio impacta profundamente al revelar el nivel de violencia obstétrica que se vive en prisión.

Esta experiencia traumática se sumó al dolor de la separación, pues pudo estar con su hija solo hasta que cumplió los tres años, momento en que su hermana se hizo cargo de la pequeña.

La condena de Jimena, idéntica a la de su agresor, subraya la falta de perspectiva de género en un sistema judicial que no demostró la violencia que ella padecía, ni el impacto devastador de su encarcelamiento en su maternidad y en la vida de sus hijos, incluyendo a su hija mayor de apenas dos años al momento de su detención.

Cuando parir es una tortura y ser madre, un crimen

En México, 436 niños y niñas viven en prisión con sus madres, expuestos a un estrés tóxico constante en periodos críticos de su desarrollo cerebral; las consecuencias a largo plazo incluyen desórdenes de atención, emocionales y cognitivos, ansiedad, depresión, problemas de salud, bajo coeficiente intelectual, dificultades en lectura y un manejo deficiente de emociones y relaciones sociales.

Solo el 2.3% de los 1,083 lactantes (de 0 a 2 años) conviven con sus madres en prisión; el 47% son cuidados por abuelas; y respecto a los servicios para niños en prisión, solo el 13.3% recibe material educativo, el 34% pañales, el 13.3% calzado y el 17.9% artículos de higiene personal; el problema se acentúa cuando el 61% de las madres ha tenido que pagar para que sus hijos reciban atención médica y el 9.2% por material educativo, a esto se le suma que menos de la mitad tiene acceso a áreas de juego o guarderías, lo que sobrecarga a las madres y limita sus posibilidades de reinserción.

En el CERESO "La Pila" en San Luis Potosí, se albergaban, hasta junio de 2025, a siete menores conviviendo con sus madres, además, se ha registrado el ingreso de una mujer embarazada, dos más que se embarazaron durante su estancia, en total tres embarazos que llegaron a término en el periodo de 2024 a mayo de 2025, y aunque las autoridades afirman que las condiciones son "óptimas" y niegan acusaciones de hostigamiento, estos datos se enmarcan en un sistema que, a nivel nacional, aún lucha por garantizar la dignidad y los derechos de las mujeres en prisión y sus hijos.

Esta declaración oficial contrasta con las experiencias compartidas por activistas, personal de salud y periodistas que han visitado tanto el penal de La Pila como el de Xolol, quienes señalan espacios inadecuados, prisiones diseñadas para hombres, con pocas adaptaciones para madres e hijos; carencias en servicios y recriminalización constante hacia las mujeres privadas de la libertad.

La brecha entre la normativa, las afirmaciones oficiales y la experiencia vivida por las mujeres y sus hijos subraya la necesidad de una supervisión rigurosa y transparente para asegurar que los derechos y las condiciones adecuadas sean una realidad en los centros penitenciarios. La visibilización de estas realidades es crucial para impulsar políticas públicas que garanticen el interés superior del menor y la dignidad de las madres en reclusión.

Reflexión final: un espejo social

El relato de la violencia obstétrica y el abandono en las prisiones femeniles de México no es solo una crítica al sistema penitenciario; es un espejo de nuestra propia sociedad, que permite la recriminalización y el olvido de las mujeres más vulnerables.

La paradoja de que la "influencia humanizadora" de la cárcel deba recaer en sus propios prisioneros, como decía Wilde, subraya la profunda ausencia de una Frente a esta realidad, es imperativo cuestionar no solo la forma en que se castiga, sino por qué se castiga de esta manera, y cómo podemos, como sociedad, construir un camino hacia una verdadera justicia social que priorice la dignidad y los derechos humanos de todas las mujeres, incluso aquellas que se encuentran en la necesidad de parir tras las rejas.