Una vez más, le gana el tiempo al STJE
Deben implementar la oralidad en juicios civiles y familiares
El Poder Judicial del Estado deberá implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) sin que aún exista una cifra definida sobre el costo que implicará la transición a la oralidad, así lo dio a conocer la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, tras sostener una reunión con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para revisar los apoyos presupuestales necesarios ante los cambios que se avecinan.
Acciones de la autoridad
La titular del Supremo Tribunal explicó que ya comenzaron los trabajos para proyectar el presupuesto, aunque por ahora no se cuenta con un monto estimado. El encuentro con el Ejecutivo, señaló, tuvo como finalidad fortalecer la coordinación entre los tres poderes frente a la implementación del nuevo código, que transformará la manera en que se desarrollan los juicios en materia civil y familiar.
¿Qué desafíos implica la oralidad en juicios civiles y familiares?
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El principal desafío será la infraestructura. Al tratarse de procedimientos orales, se requieren salas especiales para audiencias, no sólo en la capital, sino también en el interior del estado.
Los nuevos asuntos deberán desahogarse bajo este esquema, lo que implica adecuaciones físicas y condiciones operativas distintas a las del sistema tradicional escrito. A la par, será necesaria una capacitación amplia del personal judicial.
Zarazúa Martínez explicó que el código introduce cambios sustanciales en la dinámica de los juicios. Recordó que en materia penal la oralidad implicó audiencias continuas, recesos y una concentración distinta del trabajo, además de que el número de asuntos ha ido en aumento, lo que ha presionado la capacidad institucional. En este contexto, el Poder Judicial también enfrenta rezagos en materia civil y familiar, derivados principalmente de la falta de bases para secretarios de acuerdos y secretarios proyectistas.
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