Fallas normativas bloquean acceso a la vivienda
Organismos y cámaras exponen problemas en el Congreso
En San Luis Potosí, el acceso a una vivienda no solo depende del dinero: también se frena por trámites municipales que no avanzan, asentamientos que no se regularizan, desarrolladores que incumplen reglamentos y terrenos que, aun comprados legalmente, terminan invadidos.
Congreso de San Luis Potosí analiza retrasos en trámites para vivienda
Ese fue el panorama que quedó expuesto en la mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y el Instituto de Regulación y Vivienda Social (Inrevis).
Desde Inrevis, la auxiliar jurídico Rocío Villagómez Carvajal explicó que el instituto se topa constantemente con retrasos porque hay municipios que no han hecho estudios de suelo ni emiten dictámenes con rapidez. Eso impide regularizar asentamientos y avanzar en escrituraciones. Mientras algunas alcaldías han donado predios viables para vivienda, en otros el rezago detiene procesos que deberían ser ágiles ante la necesidad.
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Diputados reconocen impacto de trámites municipales en vivienda
El presidente de la Comisión, el diputado Arturo Lara Rocha, reconoció que la reunión surgió tras los casos recientes de desarrollos que no han sido entregados y que presentan fallas. Advirtió que cuando un fraccionamiento incumple normas o tiene problemas estructurales, quien termina pagando es la ciudadanía, sobre todo, si el crédito fue bancario.
A este escenario se suma otro problema señalado por Canadevi. Su representante, Luis Gómez Martínez, habló de la especulación de la tierra y de invasiones en predios que ya fueron adquiridos legalmente por desarrolladores formales. Mencionó casos en la zona norte de la capital donde, aun después de iniciar obras con todos los requisitos en regla, los predios son ocupados de manera irregular.
Frente a este escenario, los legisladores reconocieron que buena parte del problema recae en los ayuntamientos, ya que los reglamentos urbanos y los atlas de riesgo dependen de ellos.
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