> Ni obras ni amores > La prensa no era arisca

Para ser un estado "cercano" al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la administración federal no está aplicando el dicho de obras son amores.

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Menos del uno por ciento de la inversión vigente en proyectos productivos está destinada a San Luis Potosí. Apenas 400 millones de pesos de más de 332 mil millones de pesos que se incluyen en la cartera vigente.

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Que por cierto, está compuesta de más de 600 proyectos, de los cuales, solo 6 involucran a San Luis. Con el agravante de que uno de ellos es compartido con otras entidades y el más cuantiosa, que se lleva la mayoría de esa suma, es para la Casa de Moneda, una dependencia cuyo beneficio a la entidad es marginal.   

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O la administración Sheinbaum está queriendo mandar un mensaje al estado con ese comportamiento presupuestal o la capacidad local para gestionar proyectos se está quedando corta.

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Cuando el Congreso de San Luis Potosí, o al menos esta Legislatura, se decide a reformar el Código Penal, la prensa debe poner mucha atención.

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Así ocurrió cuando el gobernador Ricardo Gallardo propuso imponer sanciones penales al "halconeo", delito del que se acusó al creador de contenido vallense Christian Herrera, aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo encarceló por otro distinto. La iniciativa se aprobó vía exprés a fines del año pasado.     

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Y luego está la Ley Serrano, creada también rápidamente y que fue estrenada por la senadora Ruth González para enviar a La Pila a dos responsables de contenido informativo. El Congreso modificó para ello el Código Penal para criminalizar ciertos usos de la Inteligencia Artificial.

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Por eso habrá que vigilar con mucho cuidado la propuesta de la diputada verde Roxanna Hernández de modificar, de nuevo, el Código Penal para castigar la filtración y difusión de imágenes de víctimas de hechos violentos.

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Como en los casos citados, esta iniciativa tiene sentido. De hecho, se deriva, y así lo reconoce la iniciativa potosina, de la Ley Ingrid, generada por el penosísimo caso de una joven de ese nombre asesinada en la CDMX. Imágenes de ese crimen atroz llegaron a la prensa, con lo que se aumentó la pena y el dolor a su familia y se lesionó la dignidad de la víctima. 

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De inicio, la iniciativa propone el castigo para servidores públicos involucrados en una filtración de esta naturaleza, pero también sanciona la publicación de las imágenes, actividad que no siempre realizan los servidores públicos, sino casi cualquier persona.

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La reforma, señala el comunicado, "o busca limitar el derecho a la información ni la libertad de expresión". Si las palabras resultan conocidas es porque lo mismo se señalaba de la reforma por el halconeo y la Ley Serrano. Y hasta ahorita, las acusaciones han sido contra informadores, provenientes de instancias cercanas al gallardismo. 

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De nuevo, se enfatiza que la reforma puede ser necesaria y pertinente, pero no debe perderse de vista el uso pernicioso que el grupo político dominante pueda darle a esta reforma para usarla contra de quienes consideren no se alinean a sus intereses.

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En especial porque la mayor parte de los medios de comunicación locales adoptaron una sana autoregulación en materia de difusión de imágenes de ese tipo.