Chocan versiones PT: se ahonda división
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El fin de semana, el periodista Juan Pablo Moreno Rodríguez, director de la revisa La Noticia, reveló que él y su hijo, el también reportero Juan Pablo Guzmán, reveló en sus redes sociales que recibió sendos citatorios de la Fiscalía General del Estado para que acudieran a comparecer, en calidad de "investigados", para esclarecer hechos denunciados en la carpeta de investigación CDI/FGE/I/09605/26.
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Denunció que el acto estaba inscrito dentro de la ofensiva oficial contra la libertad de opinión y expresión posibilitada por la Ley Serrano, que ya habría logrado encerrar a dos ciudadanas.
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Moreno Hernández ya había aparecido en un presunto documento de la FGE con fecha de noviembre del año pasado, junto con otras 10 personas, entre ellas las dos mujeres sujetas a prisión preventiva.
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En ese documento se pedía individualizar una carpeta de investigación por un delito distinto, uso ilícito de funciones públicas, pero, al parecer, no tuvo consecuencias.
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En ambos casos, el funcionario que firma los documentos es José Rubén González Ramos, agente del Ministerio Público adscrito a la FGE.
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Al respecto de los citatorios, la fiscal Manuela García Cázares dijo ayer que no se había enviado ningún citatorio.
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La contradicción es evidente y las dos versiones no pueden ser ciertas. Una de ellas no lo es.
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Ayer en las páginas de este diario apareció un severo reclamo de militantes del PT a su Comisión Ejecutiva Nacional por la reciente actuación del comisionado nacional, Gerardo Acosta Zavala, que lanzó críticas sobre las detenciones relacionadas con el presunto mal uso de la Inteligencia Artificial, y a la "Ley Serrano".
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El desplegado acusa una "conducta desleal" del comisionado y revela que el comisonado responde a intereses del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien sostiene una confrontación directa con el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
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Esas voces se suman a las de los diputados locales petistas que han defendido la polémica ley, impulsada por su exdirigente estatal, Héctor Serrano Cortés.
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El asunto no es menor pues ratifica lo que ya se sabe, que el PT en San Luis es una extensión del gallardismo, pero confirma los visos de desencuentro entre el petismo local y la dirigencia nacional.
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Además de romper la imagen de una relación monolítica entre el PT y el PVEM, estos desencuentros podrían ser el origen de una fisura que pudiera tener consecuencias en un punto toral para el gallardismo: la nominación de candidatos del PT a la gubernatura y a las diputaciones locales, pues ésta es una atribución de la CEN, que incluso también autoriza las alianzas locales.
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No habrá que perder de vista el desarrollo de este desencuentro que, de crecer, podría convertirse en un factor a tomarse en cuenta en la carrera por el 27.
