Crimen casi perfecto
Estamos a once días de que se cumplan dos años, el próximo 29 de febrero, de que se destapó el rimbombantemente bautizado como "Fraude del Siglo", el esquema mediante el cual un grupo de funcionarios de la Dirección General de Pensiones, empresarios y empleados de instituciones financieras, desfalcaron una cifra millonaria a la dependencia pública.
Inicialmente, el entonces fiscal José Luis Ruiz Contreras, tasó el fraude en 153 millones de pesos, aunque luego se habló de 700 millones. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no han precisado el monto.
Ese día, se anunciaron siete detenciones y se explicó que el esquema usaba una empresa financiera, Trapeza Market Argentarii SA de CV, para desviar pagos de créditos hipotecarios firmados con la DGP, pero cuyos pagos nunca llegaron a sus arcas.
El hecho fue anunciado como un logro del gobierno del estado y un pretexto para achacar al fraude la desastrosa situación financiera en que se encontraba el organismo y desviar la atención de la verdadera causa: la omisión de la administración estatal de entregar a la DGP no sólo las aportaciones que le correspondía hacer al sistema estatal de retiro, sino las cuotas que descontaba directamente a los trabajadores, hasta rebasar los cinco mil millones de pesos de deuda.
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Comparativamente, la cifra del fraude era una bicoca, comparada con la deuda estatal, pero la narrativa que instaló el gobierno gallardista era que ahí estaba el desfalco.
Dos días después de ese hecho, Pulso reveló que un elemento clave del fraude destapado por las autoridades, Ricardo N., quien fungía como subdirector de Préstamos a Corto Plazo y Tesorería de la DGP a la vez que dirigía la Unión de Crédito de la industria de la Construcción de San Luis Potosí (UCIC), había canalizado 272.6 millones de pesos en un periodo de 6 años, a las cuentas de esa unión.
El funcionario habría operado durante tres sexenios, los de Fernando Toranzo Fernández, Juan Manuel Carreras López y Gallardo Cardona, entre 2016 y 202, transfiriendo recursos de la DGP desde una de sus cuentas con Bansi (un directivo de ese banco fue uno de los detenidos por el caso Trapeza) a otra que tenía la UCIC en BBVA.
En ese tiempo, se le preguntó a la FGE si el caso de las transferencias a la UCIC, una institución fundada en los 90 por varios apellidos de mucha influencia en el rubro constructor para fondear proyectos de esa actividad, también era investigado, lo que nunca fue precisado. Tampoco se informó oficialmente de que la UCIC estuviera bajo alguna indagatoria.
Pues bien, a esta unión de crédito, el destino la alcanzó el 23 de diciembre pasado, cuando la Comisión Nacional de Banca y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la entidad que regula a estas instituciones, decretó la revocación de la autorización que le fue otorgada, con lo que quedaba fuera del negocio.
No fue hasta el pasado viernes, cuando el documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El expediente, que quedó bajo la clave CNBV.2C.5 Revocación 212, no se conoce íntegro, solo un extracto, del que se puede establecer que la investigación inicio en marzo del año pasado, un año y dos meses después del escándalo.
No se puede establecer que las transferencias de los fondos de Pensiones a sus cuentas hayan contribuido a la revocación. El documento de la CNBV alude a la fracción IX del artículo 97 de la Ley de Uniones de Crédito como la causal de revocación.
Dicha normatividad no tiene relación con la comisión de algún delito financiero, sino que acredita la revocación cuando "en dos o más ocasiones se proporcione información imprecisa o incompleta a las autoridades financieras".
Ahora, la UCIC "se encuentra imposibilitada para realizar operaciones y se pondrá en estado de disolución y liquidación".
Con ello, queda en el aire la explicación de por qué recibió una cantidad millonaria de la DGP y si el destino de ese dinero fue el ser consumido por la corrupción o si retornaron a las arcas públicas.
Tampoco se precisa si hubo una vinculación del caso de la UCIC al fraude de pensiones, como sugiere la presencia en el esquema de uno de los principales implicados en el delito financiero.
En contraste, la caída de la UCIC fue lo mejor que pudo haber pasado para alguien, o algunos, de los involucrados en estas operaciones.
Se dice que no hay crímenes perfectos, pero esto se le parece mucho.
El mal mayor
Empezó otro año y con él, un nuevo capítulo en la novela de la desintegración del Interapas, con la salida de Soledad de Graciano Sánchez y, ahora, Villa de Pozos.
El nuevo municipio fue hechura del gallardismo y como tal, está dentro de su esfera de influencia. Tanto, consideran en Palacio de Gobierno, como la alcaldía de Soledad es patrimonio político de ese grupo.
Este mes, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sacó, de la nada, la idea de presentar una iniciativa para desincorporar a Pozos del Interapas. Aderezó la oferta con un despropósito financiero: condonar los adeudos que los usuarios poceños tenían con el organismo, como si los pasivos fueran de una dependencia del orden estatal y no de un ente autónomo.
En el Congreso no faltó un diputado que aplaudió la idea y, no podía faltar, el presidente municipal soledense, Juan Manuel Navarro Muñiz, que aprovechó, también, para anunciar, de nueva cuenta, que, ahora sí, iniciará el proceso de desincorporación del Interapas, que está en una fase "sólida y encaminada" a ese objetivo.
¿Qué tan sólido? Al menos, públicamente, sólo han sido dichos, mucha insistencia en la separación, pero hasta ahora, nada más concreto.
Sin embargo, el ayuntamiento soledense parece haber dado un primer paso formal, aunque titubeante.
La Ley de Ingresos del municipio para este año tiene entre sus artículos transitorios uno referente al tema. Se trata del décimo primero, en el que se establece que "a mediano plazo se tiene contemplado la desincorporación del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez con el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (INTERAPAS) para hacerse responsable de su propio suministro hídrico, por lo que de llevarse a cabo en el ejercicio 2026 se aplicará supletoriamente la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.".
La referencia a un "mediano plazo" refleja que la alcaldía soledense no tiene bien precisado cuándo exactamente se separaría del organismo operador. Refuerza esa actitud titubeante usar la frase "de llevarse a cabo".
Nada firme, como se ve.
Hay otro aspecto interesante en ese artículo, al adelantar que si se concreta una separación, Soledad aplicaría, de manera supletoria como entramado para el manejo del agua tras la tan presumida escisión, la Ley de Aguas del Estado. Y es que, para la alcaldía, podría salir más caro el caldo que las albóndigas.
La citada ley establece que la CEA podría dotar de marco jurídico a los municipios que carezcan de normatividad para regular el manejo del agua y servicios conexos. Además, según la fracción XXXI del artículo 8 puede prestar, de manera directa, aunque transitoria, los servicios de agua en municipios que no tengan organismo operador. Y eso incluye el cobro de tarifas.
Ahí es donde la desincorporación del Interapas podría no ser tan atractiva.
En la entrega pasada de esta columna se reveló que el Congreso había autorizado al Interapas un alza de entre el 3.8 por ciento y 6.6 por ciento a sus distintas tarifas, mientras que a la CEA, que se convertiría en el prestador de servicios provisional de Soledad, el Congreso le autorizó un aumento de 50 por ciento en la cuota de servicio medido para usuarios domésticos para este año.
¿Cómo se vería la alcaldía disparando el cobro de la tarifa del Interapas a las que cobra actualmente la CEA? La demagogia y el populismo gallardista bien podría maniobrar para no hacer tan duro el golpe, pero al menos en el papel y en el aspecto tarifario, sería como salir de Guatemala a Guatepeor.
