Sanciona EU a la presidenta de la CPI

Washington.- Estados Unidos anunció sanciones para la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, en lo que supone un nuevo paso dentro de la campaña del Gobierno del presidente, Donald Trump, para desmantelar el tribunal.

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que sanciona a Akane y también a Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía en la CPI, a partir de hoy, y que permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

Como es habitual, la OFAC indicó que EU también sancionará transacciones con "cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50 % o más".

"La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal", explicó por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

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En concreto, la orden pone la diana en las investigaciones de la CPI sobre el ejército de EU en lugares como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

En respuesta, la Corte Penal Internacional advirtió de que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.

"Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señaló la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya, después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara nuevas medidas contra miembros del tribunal.

"Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho", añadió.