Aire sucio, promesas vacías y el derecho a respirar
Este segundo viernes de agosto, mientras en todo el continente celebramos el Día Interamericano de la Calidad del Aire (DIAIRE), en San Luis Potosí, la conmemoración se tiñe de un sabor amargo.
La fecha, instaurada en 2002 por organizaciones de la talla del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), buscaba prevenir y reducir el impacto de la contaminación ambiental, un mal que en 2025 tiene como lema “Aire limpio, vida sana: es hora de actuar”.
Pero la realidad en nuestra ciudad es que el aire que respiramos es un testimonio de promesas incumplidas y una gestión pública que ha decidido, deliberadamente, ignorar su responsabilidad fundamental.
El aire que nos rodea, esa necesidad vital que a menudo damos por sentada, es un problema de salud pública urgente. Cada bocanada que damos en esta ciudad es un recordatorio de un derecho conculcado, el derecho a un medio ambiente sano que, como he defendido en múltiples litigios estratégicos, está íntimamente ligado a la dignidad humana.
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A pesar de que el problema nos afecta a todos sin excepción, desde los que transitan las calles en transporte público hasta los que se movilizan en auto, las autoridades, en particular la SEGAM y el Gobernador, parecen no haber entendido que al no velar por una buena calidad del aire, están ignorando su propia salud y la de todos los potosinos.
Los números son escalofriantes. Se estima que en las Américas 367,000 personas mueren anualmente por causas relacionadas con la contaminación del aire, tanto en espacios abiertos como interiores. En nuestro país, la cifra alcanza las 17 mil muertes prematuras cada año, con un sinfín de hospitalizaciones por padecimientos respiratorios como asma, Infección Respiratoria Aguda (IRA) y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Estos impactos, que se extienden a enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y diabetes, afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.
La pregunta no es si el problema existe, sino: ¿qué estamos respirando?. La respuesta nos lleva a las fuentes de contaminación que conocemos: ladrilleras, vehículos que queman combustibles fósiles, industrias que emiten residuos sin control y hasta prácticas domésticas ineficientes.
La respuesta de nuestras autoridades ha sido una simulación, una farsa. La supuesta “solución” de tener una aplicación que monitoree “eficientemente” la calidad del aire en la Zona Metropolitana es inexistente y/o insuficiente, y revela un profundo desinterés.
No solo los datos que nos ofrecen son poco confiables, sino que además, nos deja una pregunta más profunda: ¿cuántos potosinos conocen realmente su derecho a estar informados sobre este tema?. ¿De qué sirve una medición si la ciudadanía no sabe cómo protegerse?. La respuesta, dolorosamente, es que no sirve de nada.
Peor aún, a pesar de la existencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2019, que estandariza la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, su cumplimiento en San Luis Potosí es una quimera. El problema de fondo no es la falta de normatividad, sino la falta de voluntad política para hacerla cumplir. Las mentiras y la falta de interés de nuestro Gobernador y de la SEGAM han sido nuestros peores enemigos en la lucha por un aire limpio, demostrando que tener estaciones de monitoreo es inútil si la información que recogen no es veraz, de calidad, ni se comunica adecuadamente a la ciudadanía.
La lucha por un medio ambiente sano es un pilar de la defensa de los derechos humanos. No podemos permitir que la inacción y la opacidad nos condenen a un futuro de enfermedades respiratorias y una calidad de vida degradada.
Es imperativo que, como ciudadanos, exijamos un transporte público limpio y sustentable, un control riguroso de los contaminantes industriales y un espacio público donde nuestros hijos puedan jugar y activarse sin arriesgar su salud.
El derecho a un medio ambiente sano y a la salud no es un capricho, es una exigencia fundamental de la ciudadanía potosina. Es hora de dejar de solo preguntar qué estamos respirando y empezar a exigir la ruta para respirar un futuro más limpio y sano.
Delírium trémens.- Afirma el Gobierno que vela por la protección de las Áreas Naturales Protegidas Estatales. Sería esclarecedor para la ciudadanía saber exactamente cuánto presupuesto se les asignó en el 2025 por hectárea a cada una de ellas y cómo se aplican esos recursos. Mientras esa información no sea transparente y accesible, esa afirmación no es más que una falacia vacía, un ejercicio de verborrea política sin sustento. La opacidad en la asignación de fondos es el primer paso hacia el abandono de nuestro patrimonio natural.
@luisglozano
