La libertad también se firma

Hay momentos en los que firmar deja de ser un trámite y se convierte en una forma de ponerse de pie.

No todas las defensas de la libertad ocurren en una plaza pública, frente a un micrófono o en una gran marcha. A veces la libertad también se defiende con una hoja, con un nombre, con una firma y con la decisión sencilla, pero poderosa, de decir: esto no debe pasar.

Eso ocurre ahora en San Luis Potosí. La llamada "Ley Serrano", que reformó el Código Penal del Estado para crear delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial, ha sido presentada como una medida moderna, necesaria y protectora. Y hay que empezar con honestidad: regular la inteligencia artificial sí es necesario. Negarlo sería irresponsable. La inteligencia artificial puede utilizarse para fraudes, extorsiones, suplantaciones de identidad, manipulación informativa, ataques a la vida privada o daños reales contra las personas. Eso no está a discusión.

Lo que sí está a discusión —y debe preocuparnos seriamente— es la forma en que el poder decide regular cuando se siente incómodo. Porque una cosa es castigar daños concretos y otra muy distinta es construir tipos penales tan amplios, vagos y elásticos que puedan usarse para intimidar la crítica, la sátira, la denuncia ciudadana, el periodismo, la protesta social o el activismo ambiental.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La inteligencia artificial no es el enemigo. Es una herramienta. Como una cámara, una pluma, un programa de edición, una caricatura, una imprenta o un micrófono. Puede usarse para hacer daño, sí. Pero también puede utilizarse para informar, crear, denunciar, educar, investigar, ilustrar, hacer arte, hacer humor, hacer crítica política y participar en la vida pública.

El problema no está en la herramienta. El problema está en el uso dañino. Y una buena ley debe castigar el daño, no el instrumento.

Por eso preocupa que esta reforma penal utilice conceptos como "alarma pública", "alterar la paz social" o "alterar la confianza pública en las instituciones". Dicho en lenguaje sencillo: frases demasiado abiertas que pueden significar casi cualquier cosa, dependiendo de quién las interprete y contra quién se usen.

¿Una parodia política puede "alterar la confianza pública"?

¿Un meme contra un funcionario puede "generar alarma"?

¿Una denuncia ambiental sobre un daño ecológico puede ser acusada de "alterar la paz social"?

¿Una investigación periodística asistida con inteligencia artificial puede terminar convertida en carpeta de investigación?

Ese es el problema de las leyes vagas: no sólo castigan; también asustan.

Y a veces ni siquiera necesitan aplicarse para causar daño. Basta con que existan. Basta con que una persona sepa que puede ser denunciada penalmente para que empiece a pensar dos veces antes de publicar, criticar, denunciar o compartir. A eso se le llama efecto inhibidor. En palabras más simples: autocensura por miedo.

Y cuando la gente empieza a callar por miedo, la democracia empieza a enfermar.

Las autoridades, los funcionarios y las instituciones deben tolerar un mayor nivel de crítica. No porque carezcan de derechos, sino porque ejercen poder público. Quien gobierna administra recursos, toma decisiones, afecta vidas, define prioridades y debe rendir cuentas. En una democracia, el poder no puede pedir aplausos obligatorios ni blindarse penalmente frente a la burla, la crítica o la inconformidad.

Frente a esta reforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso significa que ahora será el máximo tribunal del país quien deberá decidir si esos artículos del Código Penal potosino son compatibles con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos.

Y ahí entra la ciudadanía.

Cambio de Ruta y Verde Potosino estamos impulsando un escrito de amicus curiae, acompañado por ciudadanas, ciudadanos, colectivos y organizaciones que quieran sumarse como firmantes. Un amicus curiae —literalmente, "amigo de la Corte"— es un escrito presentado por personas u organizaciones que no son parte formal de un juicio, pero que aportan argumentos jurídicos, sociales o técnicos para ayudar a la Corte a resolver un asunto de relevancia pública.

No sustituye a las partes. No convierte a quien firma en litigante. No obliga a acudir a audiencias ni genera cargas procesales. Es, más bien, una forma de participación ciudadana ante un debate constitucional importante.

En este caso, el amicus busca decirle a la Suprema Corte algo muy claro: esta ley genera un riesgo indebido para la libertad de expresión, la crítica política, la sátira, el periodismo, la denuncia ciudadana, la protesta social y la defensa del medioambiente.

Firmar este amicus es una manera de sumar voz a esa defensa. Firmar es decir que la inteligencia artificial debe regularse sin criminalizar la creatividad, la crítica o la denuncia.

Delirium Tremens.- Las firmas se recabarán del 25 de junio al 10 de julio de 2026. Pueden sumarse personas físicas, personas morales, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Obtén la información detallada en https://www.facebook.com/cambioderutaslp

 @luisglozano