Checan si Congreso le cumple a la SCJN
El abogado Luis Lozano pregunta si el Legislativo ha concretado sentencias sobre reforma electoral
El abogado Luis González Lozano presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una solicitud para conocer el cumplimiento de las acciones de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, relacionadas con la reforma electoral aprobada en San Luis Potosí en 2022 y con la normativa local conocida como "Ley Gobernadora".
El litigante explicó que su petición pretende obtener información pública directa de la SCJN sobre si la sentencia emitida en el caso de la reforma de 2022 ya fue atendida por el Congreso.
En el documento, González Lozano pidió que se informe si el fallo se encuentra formalmente en etapa de cumplimiento y si el Legislativo potosino ha enviado constancias que acrediten un acatamiento total o parcial. Recordó que "la resolución de la SCJN estableció obligaciones específicas, entre ellas la realización de consultas constitucionales antes de emitir cambios a las leyes electorales", además de la expedición de normativa conforme a los criterios fijados por el propio Tribunal.
El abogado recordó que la impugnación presentada en 2022 fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se dirigió contra la reforma electoral de ese año. Esos recursos cuestionaron la manera en que el Congreso aprobó recientemente diversos cambios a la ley sin realizar previamente las consultas que exige la Constitución. Por ello, la sentencia ordenó revisar procedimientos y adecuar la normativa para respetar los derechos de participación.
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González Lozano mencionó que durante una de sus conferencias matutinas, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó una posición crítica sobre la expedición de leyes electorales innecesarias. Consideró que ese pronunciamiento vuelve oportuno conocer si en la entidad se cumplieron los parámetros fijados por la SCJN y si las normas locales, incluida la "Ley Gobernadora", fueron emitidas después de realizar las consultas obligadas.
La solicitud fue presentada el pasado 27 de diciembre de 2025 y se limita a pedir información institucional sobre una resolución constitucional firme.
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