Continúa el PT en una actitud de opacidad: CO

El Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí mantiene una actitud de opacidad respecto al ejercicio de recursos públicos, denunció José Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización civil Ciudadanos Observando, luego de que el instituto político no respondiera en tiempo y forma a una solicitud para conocer las facturas de sus gastos correspondientes a 2024.

CEGAIP ordena entrega de facturas al PT

Ante la omisión, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), que resolvió a su favor bajo el principio de afirmativa ficta y ordenó al partido entregar la documentación de manera gratuita.

En un oficio fechado el 24 de agosto de 2026 y firmado por Juan Ricardo Cuevas Medrano, titular de la Unidad de Transparencia del PT estatal, el partido informó que entregó copias digitales de facturas correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025. En el mismo documento señaló que el financiamiento público ordinario que recibió del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en 2024 ascendió a 11.1 millones de pesos.

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Dificultades para acceder a la información

El PT también indicó que la consulta directa de las copias impresas se realizaría en sus oficinas, ubicadas en Julián de los Reyes 535, previa cita telefónica. Sin embargo, González Covarrubias afirmó que este mecanismo de acceso ha resultado inoperante, pues aseguró que ha intentado comunicarse reiteradamente al número proporcionado por el partido sin obtener respuesta y sostuvo que tampoco hay personal que atienda en las instalaciones señaladas.

"Les marcas, les marcas, les marcas [...] nunca contestan ni asisten", relató el solicitante, quien consideró que esta situación impide en los hechos el acceso a la documentación, pese a que la CEGAIP ya había resuelto a su favor. González Covarrubias calificó la actuación del partido como una "burla" al derecho de acceso a la información y acusó al instituto político de condicionar la entrega de documentos a un mecanismo de contacto que, según su versión, no funciona.