> Ciber-inseguridad > FGE como ariete

Dicen quienes saben que las coincidencias no existen. Pero casualmente en un mismo día dos notas de dos entidades totalmente diferentes entre si coincidían en el mismo tema: ataques a sus sistemas computacionales y a sus bases de datos.

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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí reaccionó a una serie de publicaciones de sus alumnos en el sentido de que no podían pagar sus cuotas en línea ya que el sistema no se los permitía.

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Reaccionando de manera oportuna la institución confirmó que sus sistemas de pagos y de registros se encontraban comprometidos y que había necesidad de reparar lo que hubiera sido dañado. Más aún, anunciaron que presentarían una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por el atentado.

La UASLP se solidarizó con su comunidad estudiantil y anunció que aplazaba el periodo para realizar los pagos de reinscripción.

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Más tarde, un especialista en temas de seguridad cibernética difundió en redes sociales la versión de que el Poder Judicial del Estado había sufrido un ataque en su base de datos y hasta proporcionó escalofriantes detalles. Dijo que habían sido sustraídos 27 mil archivos correspondientes a los años 2025 y lo que va del 2026.

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En este caso la reacción de la entidad presuntamente hackeada fue diferente. A través de un comunicado, el Poder Judicial informó que habían revisado sus archivos digitales y que no habían detectado sustracción alguna. Que todo estaba bien y en orden.

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Determinar si lo dicho por la instancia judicial es cierto o es un burdo intento por minimizar el riesgo, tardará algunos días. Lo cierto es que cada vez es más evidente que las autoridades deben reforzar sus medidas de protección de la información que tienen bajo su resguardo.

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En este contexto ¿cómo no justificar la renuencia de la población hacia la entrega de información personal a las instituciones públicas? Ahí sigue corriendo el plazo para registrar las lineas telefónicas móviles o la propuesta de crear una nueva CURP, pero ahora hasta con datos biométricos.

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Con una velocidad pocas veces vista, la Fiscal General del Estado (FGE), Maria Manuel García Cázares salió ayer a anunciar el inicio de una sesuda investigación en contra de unos elementos de la Policía Capitalina.

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De acuerdo a la versión de un medio de comunicación nacional, los agentes estaban parados en la colonia Santa Fe, frente a una casa que opera como "punto", es decir como changarro de venta de droga. Ahí dialogaron con una persona que salió del micro negocio. ¿Qué se dijeron?, ¿de qué hablaron? Eso es lo que pretende averiguar la sagaz investigadora.

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Sorprende, por decir lo menos, que la fiscal no anunciara con tanta contundencia el inicio de otra investigación para determinar si en realidad el domicilio señalado es un negocio de venta de drogas. Tampoco se le escuchó decir que agentes de investigación irían a preguntar o a tratar de investigar quiénes viven (o comercian cualquier cosa) ahí.

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Para quienes señalan que sólo se trata de unos juguetes costosos comprados en internet, resulta que los perros robotizados que adquirió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), servirán para proteger a los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) que acudan en escenarios o circunstancias donde esté en peligro su integridad física.

Por lo menos eso es lo que dice Jesús Juárez Hernández, titular de la dependencia estatal y quien enfatizó que el personal operativo deberá recibir capacitación para el debido funcionamiento de los caninos cibernéticos.

Informó que los dispositivos tienen integradas cámaras de videovigilancia, sensores de movimiento y movilidad en diferentes superficies, características que permitirán fortalecer la presencia policiaca en espacios de difícil acceso. Pues ya veremos.

¡HASTA MAÑANA!