Demanda busca impedir que ICE oculte ubicación de detenidos

Varios grupos que brindan servicios legales a inmigrantes presentaron una demanda el miércoles para intentar frenar la nueva política del gobierno del presidente Donald Trump que consiste en ocultar las ubicaciones de decenas de miles de detenidos con órdenes finales de deportación.

La política, adoptada de forma repentina el mes pasado para acelerar las deportaciones, interfiere con los derechos de los abogados de inmigración pues hace que resulte difícil, y a veces imposible, localizar a sus clientes, según la demanda presentada ante un tribunal federal en Boston. En ella se solicita a un juez que emita una orden que bloquee el cambio "ilegal e inhumano".

"A nadie se le debe negar una oportunidad real de defender sus derechos porque el gobierno ha imposibilitado que su abogado lo encuentre", señaló Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services, uno de los cuatro grupos que figuran como demandantes. "Este nuevo cambio administrativo arbitrario deja sin la ayuda legal esencial a cientos de miles de personas que están en riesgo de sufrir consecuencias que podrían alterar sus vidas".

En la demanda se impugna la decisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), dada a conocer por primera vez por The Associated Press, de eliminar del Sistema en Línea de Localización de Detenidos de ICE las ubicaciones de las personas que enfrentan órdenes finales de expulsión y de ordenar al personal que no revele su paradero. Hasta el mes pasado, la medida afectaba a más de 16.000 de los casi 69.000 detenidos que estaban bajo custodia del ICE.

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Hasta el momento, ni el ICE ni su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional, han respondido a un mensaje en el que se solicitaban comentarios sobre la demanda.

Las agencias no han confirmado públicamente el cambio, pero han señalado que dan prioridad a las personas con órdenes finales de expulsión para ser deportadas. También han indicado que enfrentan un "número histórico de medidas cautelares" de tribunales que bloquean sus esfuerzos. Las agencias han negado que estén haciendo desaparecer a los detenidos, y sostienen que estos siguen teniendo libertad para hacer llamadas telefónicas.

Desde 2010, abogados y familiares han utilizado el sistema en línea para rastrear a los detenidos mientras son trasladados de una instalación a otra a través de la extensa red de detención del ICE.

Cerca de 1,4 millones de personas que viven en Estados Unidos están sujetas a órdenes finales de expulsión, lo que significa que un juez de inmigración determinó que deben ser deportadas y la decisión fue confirmada en apelación o no fue apelada.

Esas personas aún tienen varias opciones para impugnar las condiciones de su detención y las deportaciones inminentes, entre ellas, solicitar la reapertura de los procedimientos, pedir alivio frente a la expulsión hacia terceros países y denunciar violaciones de sus derechos. Varios jueces federales han dictaminado miles de veces que los detenidos deben ser liberados o que se les deben conceder audiencias de fianza.

Desde que el cambio entró en vigor, los abogados no han podido encontrar a varios clientes y posibles clientes y han dedicado "significativamente más tiempo" a localizar a otros, según la demanda. Las llamadas al ICE, incluida su Línea de Información sobre Detención y Expulsión, "derivan en largos tiempos de espera en línea, cortes repentinos, una falta general de información o ninguna respuesta en absoluto", indica.

Como alternativa, algunos abogados han intentado encontrar a sus clientes mediante un sistema del ICE que programa llamadas legales, pero solo un pequeño porcentaje de los centros de detención lo utiliza, según la demanda. El resultado ha sido la demora o la pérdida de presentaciones legales y menos casos asumidos, de acuerdo con las organizaciones.

En la demanda se indica que el cambio viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque se adoptó sin explicación, así como la Primera Enmienda, que protege la capacidad de los abogados para asesorar a las personas sobre sus derechos legales y buscar posibles clientes.