Fuertes choques de la policía con aliados del expresidente Morales y otros manifestantes en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — Las calles del centro de La Paz fueron escenario el lunes de violentos enfrentamientos entre la policía y miles de manifestantes que exigieron la renuncia del conservador presidente Rodrigo Paz, entre ellos seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2020) que llegaron de la zona cocalera del Chapare.

Protestas en La Paz contra presidente Rodrigo Paz

Armados de petardos, piedras, palos y dinamita, los manifestantes intentaron romper un cerco policial para ingresar a las sedes del gobierno y del Poder Legislativo, que tuvieron que abandonar funcionarios y legisladores en medio de fuertes medidas de seguridad. El gobierno no informó si el presidente se encuentra dentro de las instalaciones gubernamentales.

Los choques se produjeron en el marco de protestas que han ingresado en su tercera semana e incluyen cortes de rutas. La manifestación del lunes estuvo liderada por la Central Obrera Boliviana (COB) y el mayor sindicato de campesinos, que es aliado de Morales y del también izquierdista expresidente Luis Arce (2020-2025). Se sumaron además seguidores de Morales provenientes del Chapare y vecinos de la cercana ciudad de El Alto.

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Saqueos, barricadas y detenidos

Algunos movilizados saquearon un centro comercial y un juzgado e incendiaron mobiliario y objetos que extrajeron para instalar barricadas de fuego y contrarrestar el gas lacrimógeno que empleó la policía para dispersarlos. Varios ciudadanos denunciaron agresiones de algunos manifestantes enardecidos.

El fiscal Roger Mariaca informó que hay 90 detenidos y que sobre el principal dirigente de la COB, Mario Argollo, pesa una orden de detención.

No hubo un balance inmediato de heridos. Según el gobierno, cuatro personas han muerto desde el inicio de las protestas por no recibir atención médica a causa de los cortes de ruta que mantienen cercada a La Paz.

Los manifestantes gritaron "¡Patria o muerte, venceremos!" mientras se dirigían al centro de la ciudad desde El Alto. A su paso, habitantes de esa localidad vociferaron "¡Que renuncie!" en alusión al presidente y se unieron a la marcha.

"El gobierno debe escuchar y trabajar con los sindicatos y organizaciones sociales", dijo el dirigente campesino Javier Santalla mientras resguardaba un punto de bloqueo en el sur de La Paz.

La ciudad fue escenario la semana pasada de duros enfrentamientos entre los mineros y la policía.

Crisis enquistada

Paz no tiene un partido propio ni mayoría en el Legislativo. Su arribo al poder en noviembre supuso el fin de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo que dejaron, según dijo, "un país quebrado".

Entre sus primeras medidas eliminó los subsidios a los combustibles, lo que ha elevado el costo de vida. Pero según expertos está demorado en sus ajustes para revertir la peor crisis económica de los últimos 40 años.

El presidente ha privilegiado el diálogo y la negociación con los movilizados. Cerró acuerdos con varios de ellos y ha ordenado que la policía y los militares actúen como fuerzas disuasivas, sin armamento, según dijo el gobierno.

Sin embargo, con los seguidores de Morales el gobierno ha rechazado negociar.

Paz sumó el respaldo de Estados Unidos y de varios países latinoamericanos y rechazó las declaraciones públicas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acerca de que en Bolivia hay una "insurrección popular".

Empresarios preocupados

Los cortes en los accesos han dejado mercados desabastecidos y escaso combustible.

Organizaciones empresariales le han pedido al presidente firmeza contra los bloqueos. Según estas asociaciones, las protestas y paralizaciones provocan pérdidas por más de 50 millones de dólares diarios y hay unos 5.000 vehículos varados en las carreteras.

Desde Santa Cruz el Comité Cívico, que tiene mucho peso en esa rica región en el oriente, ha pedido al mandatario declarar el estado de emergencia, dijo su presidente Stello Cochamanidis.

Mientras, Morales alienta las protestas desde su feudo cocalero del Chapare, donde desde 2024 evade una orden de detención por no presentarse ante la justicia para responder por el presunto abuso de una menor en 2016. El pasado lunes sumó otro pedido de arresto por la misma causa.

Los cocaleros que lo respaldan han tomado el control de una pista de aterrizaje en el Chapare, que no opera vuelos comerciales, ante el temor de que su líder sea detenido.