Diputada Paola Gárate exige fiscalizar al gobierno de Rocha Moya
La diputada pidió informes claros sobre el manejo de 459 millones ejercidos contra partidas autorizadas en cero.
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CULIACÁN, Sin., septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- En su comparecencia ante miembros del Poder Legislativo, se le pidió a la Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, que realice una revisión específica a las cuentas públicas del estado, donde se observa un sobreejercicio de 2 mil 159 millones de pesos y una disminución de 4 mil 605 millones al patrimonio.
Paola Gárate exige fiscalización al gobierno de Rocha Moya
La diputada Paola Garate Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, observó que en forma reciente la administración estatal volvió a contratar un nuevo crédito a corto plazo de mil 200 millones de pesos, sin que se conozca qué destino se le va a dar.
En su intervención, en la comparecencia de Félix Rivera, se le exigió que abra una auditoría a fondo para esclarecer el sobreejercicio que se tuvo en el 2025, de dos mil 159 millones de pesos, y la disminución que se tuvo de cuatro mil 605 millones de pesos en el patrimonio estatal.
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Solicitudes de transparencia y auditoría detallada
La legisladora local cuestionó a la auditora superior del Estado por la falta de claridad sobre el manejo de los recursos públicos, relacionados con el informe general ejecutivo que rindió de los resultados de la fiscalización de las cuentas públicas del Estado y municipios.
Garate Valenzuela le recordó que durante el ejercicio fiscal del 2025, ingresaron al estado 8 mil 697 millones de pesos adicionales a lo presupuestado; sin embargo, el año cerró con una disminución de 4 mil 605 millones de pesos del patrimonio estatal.
La diputada local priista le solicitó que se rinda un informe sobre las acciones que se tienen implementadas para esclarecer el destino de 459 millones de pesos, ejercidos contra las partidas autorizadas en cero.
También se pidió que se esclarezca el uso de 4 mil 698 millones de pesos que fueron destinados al Programa Emergente de Maíz, con cargo a la cuenta pública, ya que los inventarios que se tienen del grano captado no permiten clarificar su destino.
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