Esa visible oscuridad
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Preguntas y respuestas
El gobierno exige que creamos sus resultados mientras desmanteló los mecanismos para comprobarlos. Presume detenciones, decomisos y operativos, pero cuando los ciudadanos pedimos documentos que acrediten esos anuncios, encontramos evasivas, contradicciones y secretos. La mañanera funciona como plataforma de propaganda; pero la transparencia del ejercicio de gobierno exige pruebas que las instituciones nos niegan.
La desaparición del INAI produjo una consecuencia conveniente para Morena: debilitó la capacidad ciudadana para exigir cuentas. Se conservan solicitudes y procedimientos, pero las dependencias tienen mayor margen para responder cualquier barbaridad. El derecho a la transparencia se desgasta entre trámites y respuestas evasivas. Aunque la información pertenece a todos; obtenerla se volvió una concesión de Morena.
El nuevo estudio de Causa en Común, "Esa visible oscuridad", documenta este mecanismo. Revisamos 494 conferencias matutinas y presentamos 396 solicitudes de información a seis instituciones federales para contrastar declaraciones sobre seguridad. Sólo ocho respuestas contenían datos que coincidían plenamente con lo anunciado, es decir, apenas dos por ciento. Esto no demuestra que todas las declaraciones fueran falsas. Demuestra lo difícil que resulta comprobarlas mediante los registros del propio gobierno.
En 228 respuestas, las instituciones remitieron a la misma conferencia de prensa que había originado la pregunta. Cuando solicitamos los documentos que sostienen una declaración, nos devuelven la declaración. Sí, así de absurdo, presentan sus palabras como prueba.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) entregó información en una sola de 130 solicitudes. En 123 remitió a las mañaneras, y su única respuesta con información presentó cifras diferentes, mientras el secretario Omar García Harfuch dijo que del 6 de julio de 2025 al 31 de julio de 2026 hubo 1,847 detenidos por extorsión, la respuesta de la SSPC reportó 4,561. ¿Cuál cifra debemos creer? ¿Con cuál trabaja la institución? La diferencia requiere una explicación, pero el ciudadano recibe otro dato y debe arreglárselas para entenderlo.
Hay discrepancias todavía más alarmantes. En febrero de 2025, la Defensa anunció que, durante la Operación Frontera Norte, se habían asegurado 54.9 kilogramos y 59 mil pastillas de fentanilo. Al solicitar esos mismos datos por transparencia, respondió con cero kilogramos y cero pastillas. ¿Qué ocurrió entre el anuncio y la respuesta?, ¿son registros distintos, desorden administrativo o cifras sin respaldo? La institución debe explicarlo.
También se anunciaron 1,564 laboratorios clandestinos desmantelados por Defensa y Marina entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. La Defensa reportó 88 por transparencia; Marina se declaró incompetente para proporcionar los datos, argumentando que no estaba facultada para llevar registros estadísticos sobre el tema. Entonces, presumen resultados conjuntos que después ninguna respuesta permite reconstruir.
En otro caso, en octubre de 2025, García Harfuch afirmó que la Guardia Nacional tenía 133 mil elementos desplegados en el país. Cuando Causa en Común solicitó el sustento de esa cifra, Defensa se declaró incompetente y la Guardia Nacional respondió que la información estaba reservada por seguridad nacional. El dato se difunde desde la mañanera, pero su sustento es secreto de Estado.
Las consecuencias las sufrimos todos. Sin registros verificables, se dificulta saber qué hace el gobierno, cómo gasta y qué resultados obtiene. También queda una duda sobre su capacidad para gobernar, ¿cómo decide dónde desplegar personal o qué estrategia corregir si sus instituciones no pueden sostener cifras consistentes?
Si desconocen sus resultados, hay incapacidad; si los conocen y los ocultan, hay una negativa expresa a rendir cuentas; ambas posibilidades son vergonzosas. Con la desaparición del INAI el gobierno consiguió mayor control sobre lo que podemos conocer, mientras exige confianza en lo que anuncia.
Sin embargo, en seguridad, ese desorden tiene consecuencias sobre vidas, territorios y libertades. Por eso necesitamos documentos, explicaciones y vigilancia independiente. los ciudadanos tenemos derecho a exigirlo siempre.
(Presidenta de Causa en Común)
