Mujeres privadas de su libertad enfrentan abandono y maltrato médico

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Ante el maltrato y abandono en materia médica para la inmensa mayoría de 16 mil 400 mujeres privadas de su libertad en México, donde solo el 41.0% de las internas ha tenido acceso a un Papanicolaou y apenas el 30.6% a una autoexploración o examen de cáncer de mama, el Senado exhortó a los gobernadores y a la Jefa de Gobierno de la CDMX a revertir esa situación.

La Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, aprobó un proyecto para exhortar a las personas titulares de los Poderes Ejecutivos estatales a fortalecer los programas y servicios de salud dirigidos a las mujeres privadas de la libertad en los centros de reinserción social.

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En México, las mujeres privadas de la libertad enfrentan una grave crisis humanitaria debido a que la falta de acceso a una salud digna y el maltrato médico actúan como una condena añadida a su reclusión.
Organizaciones de la sociedad civil y datos oficiales del Inegi y la CNDH exponen que el sistema penitenciario mexicano opera bajo una infraestructura médica deficiente y con sesgos de género que vulneran de manera sistemática los derechos de las internas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), solo el 41.0% de las internas ha tenido acceso a un Papanicolaou y apenas el 30.6% a una autoexploración o examen de cáncer de mama.
Con este dictamen, el Senado busca garantizar a esta población una atención integral, con perspectiva de género, conforme al marco constitucional y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Muchas mujeres encarceladas han experimentado, previo a su ingreso a los centros de reclusión, situaciones personales y sociales de vulnerabilidad, lo que las lleva a abusar de enervantes o a sufrir depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, señalaron los senadores.
Por otra parte, apuntaron que, al cierre de 2024, se registraron a nivel nacional 104 mujeres privadas de la libertad embarazadas, 160 en periodo de lactancia y cuatro que se encontraban en ambas condiciones, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).