Adicciones avanzan por falta de recursos

Familias afectadas por la drogadicción y representantes de centros de rehabilitación de San Luis Potosí hicieron un llamado urgente a las y los diputados de la actual legislatura para que impulsen políticas públicas que enfrenten el creciente consumo de drogas entre jóvenes y adolescentes. 

La petición busca visibilizar la problemática y garantizar recursos y regulación para los centros de atención.

Saúl Montenegro Mendoza, vocero de un colectivo que agrupa a 53 centros de rehabilitación, señaló que la falta de financiamiento es el principal obstáculo para brindar atención efectiva. “Algunos programas reciben apoyo institucional, pero la mayoría de los centros privados sobrevive con cuotas mínimas de las familias, lo que limita su capacidad de atender a quienes más lo necesitan”, explicó.

El grupo más vulnerable se encuentra entre los 12 y 25 años, según Montenegro, lo que evidencia el fracaso de las estrategias de prevención. Además, la legislación actual impide que las y los menores de edad reciban tratamiento en muchos centros, dejando a las familias sin alternativas de apoyo profesional.

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Señaló que, actualmente la metanfetamina es la droga de mayor consumo debido a su bajo costo y fácil acceso. Su consumo genera graves problemas de salud mental y, aunque afecta a todos los sectores, en los últimos años se ha observado un incremento notable entre jóvenes de clase media alta.

Guadalupe Ventura, madre de un joven en rehabilitación, insistió en que no se trata de cerrar centros, sino de regularlos y fortalecerlos para que las familias puedan acceder a tratamientos de calidad. “Necesitamos que los legisladores escuchen y actúen; nuestras familias requieren soluciones reales”, señaló.

Este jueves a las 17:00 horas, en el Teatro Alarcón, se realizará un evento con entrada libre que busca involucrar a la ciudadanía, legisladores y funcionarios. Durante la jornada se brindará información sobre becas y recursos para familias que necesiten apoyo en procesos de rehabilitación.

Los organizadores enfatizan en que las adicciones deben ser vistas como un problema de salud pública y no como un asunto de delincuencia.